“Opten por el sector privado…”, fue la frase con que el presidente de la República respondió a los funcionarios públicos inconformados con la baja salarial dispuesta en la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que afecta directamente a decenas de miles de empleados (casi 300 mil) del Poder Ejecutivo, pero también de … Continued
“Opten por el sector privado…”, fue la frase con que el presidente de la República respondió a los funcionarios públicos inconformados con la baja salarial dispuesta en la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que afecta directamente a decenas de miles de empleados (casi 300 mil) del Poder Ejecutivo, pero también de los poderes Judicial y Legislativo.
Al censurar imaginarios pagos de 600 mil pesos que considera una forma de corrupción, pareció aludir a los ministros de la Suprema Corte, sobre quienes pesa la recurrente insidia de que eso ganan, cuando lo cierto es que cobran 269 mil pesos mensuales (reciben 17 mil asuntos al año, no 80, como en Estados Unidos, o 220, como en España).
Servidores en diversas dependencias de gobierno han resuelto ampararse contra esa norma; a su demanda se han adherido trabajadores y juzgadores del Poder Judicial, y el caso se resolverá en el pleno del máximo tribunal constitucional.
Adicionalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la reciente ley vulnera a los trabajadores, por lo que (entre otras objeciones) presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido para estudio y opinión, y ayer ingresó una acción de la misma naturaleza por parte de la minoría opositora en el Senado.
La ex ministra y hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que desde la Constitución de 1857 los sueldos de jueces, magistrados y ministros “están garantizados para no ser disminuidos”, como lo estipula el artículo 94 de la Carta Fundamental vigente, debido a las características de independencia y autonomía del Poder Judicial.
Sánchez Cordero recordó también que el mandato lo adoptó el presidente Benito Juárez para preservar la independencia de los juzgadores.
Los calambres provocados por la decisión de que ningún servidor público gane más de los 108 mil pesos que Andrés Manuel López Obrador decidió se le pague y sea el salario tope, llevó asimismo a jueces y magistrados a ejercer su derecho de recurrir al amparo, con el argumento de que, aun con la división de poderes, ellos también deben y pueden resolver sobre su paga.
Ante la admisión en estos recursos y el hecho de que los juzgadores otorguen las suspensiones provisionales de ley, existe el dilema de que los jueces de amparo caigan en un obvio conflicto de interés, por lo cual se buscará llegar a un criterio judicial que determine la competencia para conocer de este peliagudo asunto que, por lo pronto, ha sido detenido.
En lo que son peras o manzanas, se advierte que las intenciones del Presidente de la República no tendrán un camino terso.
Mientras tanto, alrededor de 40 mil trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación están en pie de guerra en un tema que puede desbordar los ánimos de los interesados.
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