El argumento de que los plurinominales son indispensables para proteger a las minorías tampoco es absoluto. Las minorías no desaparecen sin esta figura
La discusión sobre la eliminación de los legisladores plurinominales ha vuelto a abrir un viejo debate que México ha postergado durante años. Bajo el argumento de fortalecer la democracia, distintas voces han salido a defender la permanencia de la representación proporcional, advirtiendo riesgos de concentración de poder y retrocesos autoritarios. Sin embargo, más allá del discurso político, vale la pena preguntarse si los plurinominales siguen cumpliendo la función para la que fueron creados.
La figura de los plurinominales surgió en un contexto histórico muy distinto al actual. En un país dominado por un solo partido, la representación proporcional permitió que minorías políticas tuvieran voz en el Congreso y abrió la puerta a la pluralidad. Durante décadas, este mecanismo ayudó a oxigenar el debate legislativo y a construir contrapesos reales frente al poder presidencial.
Hoy, ese escenario ha cambiado de forma radical. México cuenta con un sistema multipartidista, alternancia en el poder y procesos electorales competitivos. En este nuevo contexto, los plurinominales han dejado de ser una herramienta de inclusión para convertirse, en muchos casos, en un instrumento de control partidista. Las listas cerradas, definidas por dirigencias y no por la ciudadanía, han transformado estos espacios en refugio de cuadros políticos reciclados, liderazgos derrotados o perfiles que nunca se sometieron al juicio de las urnas.
Uno de los principales problemas de los plurinominales es su déficit de legitimidad democrática. Aunque su designación es legal, resulta difícil justificar que personas que no hicieron campaña, no recorrieron distritos y no enfrentaron directamente al electorado tengan el mismo peso legislativo que quienes sí ganaron un voto directo. Esta desconexión con la ciudadanía ha alimentado el hartazgo social y la percepción de que el Congreso responde más a intereses de partido que a las necesidades reales de la población.
También está el tema de los costos. En un país con profundas desigualdades, mantener un Congreso sobredimensionado, con legisladores cuya función es poco clara para el ciudadano común, resulta cada vez más difícil de defender. La representación proporcional, lejos de traducirse en mejores leyes o mayor calidad legislativa, no ha evitado prácticas como el ausentismo, la disciplina ciega de bancada o el intercambio de favores políticos.
El argumento de que los plurinominales son indispensables para proteger a las minorías tampoco es absoluto. Las minorías no desaparecen sin esta figura; lo que desaparece es la comodidad de acceder al poder sin competir. Una democracia sólida debe apostar por reglas que incentiven el arraigo territorial, la cercanía con la gente y la rendición de cuentas, no por mecanismos que premien la lealtad interna y no el respaldo ciudadano.
Al final de cuentas, los plurinominales ya no fortalecen la democracia mexicana: la distorsionan. Su permanencia responde más a la lógica de preservación del poder político que a una verdadera representación social. Reformar el sistema electoral implica tomar decisiones incómodas, y una de ellas es reconocer que esta figura, útil en el pasado, hoy es parte del problema y no de la solución.
PEGA Y CORRE: Que relajo traen en la UPAV. La prisión preventiva dictada contra Sergio “N”, exrector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), así como contra Víctor de Jesús “N”, exdirector administrativo, y Frida Narayana “N”, exjefa de Servicios Financieros, marca un momento clave en el combate a la corrupción enquistada durante años en esa institución. Los señalamientos por peculado e incumplimiento de un deber legal, y la medida cautelar por un año, envían un mensaje claro: los abusos en el manejo de recursos públicos ya no serán tolerados.
Este proceso no puede entenderse sin la intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle García, quien en septiembre de 2025 ordenó el relevo en la rectoría de la UPAV tras detectar presuntas irregularidades administrativas y financieras. Su decisión de “meter orden” en una universidad golpeada por adeudos, descontrol y opacidad rompió con una inercia de impunidad que afectó a estudiantes y trabajadores.
Hoy, con los exfuncionarios enfrentando a la justicia, queda claro que el combate a la corrupción no es solo discurso. Falta que el proceso llegue hasta sus últimas consecuencias, pero el mensaje político es contundente: en Veracruz, incluso en el ámbito universitario, las prácticas del pasado están siendo llamadas a cuentas.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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