Espectacular, en más de un sentido, ha sido la batalla por las cinco plataformas contratadas por Petróleos Mexicanos en el golfo de México a Oro Negro. El prosaico intento de embargo de las instalaciones offshore que involucró a elementos de seguridad privada, autoridades portuarias, marinos y abogados en un quimérico abordaje atrajo atención mediática global … Continued
Espectacular, en más de un sentido, ha sido la batalla por las cinco plataformas contratadas por Petróleos Mexicanos en el golfo de México a Oro Negro. El prosaico intento de embargo de las instalaciones offshore que involucró a elementos de seguridad privada, autoridades portuarias, marinos y abogados en un quimérico abordaje atrajo atención mediática global a este conflicto que confronta a dos poderosos grupos empresariales. Uno —con el respaldo de funcionarios peñistas— buscaría continuar su ofensiva al amparo de la administración entrante. El otro mantiene sus denuncias por amaños que hace extensivas a funcionarios hacendarios y judiciales.
En las últimas 142 horas, esta historia ha vivido sus capítulos más bochornosos. La decisión de un juez capitalino, el pasado viernes 19, devino dos días después en un operativo fallido —con la intervención de dos helicópteros Bell— y la denuncia mediática por el presunto secuestro del abogado Ricardo Contreras Gómez y dos agentes del orden en la plataforma Decus, ubicada en costas campechanas.
El abogado Guillermo Barradas, quien participó en el abordaje abortado presuntamente por la utilización de cañones de agua, denunció públicamente que su colega pudo haber sido ingresado a los calabozos de la plataforma de perforación autoelevable y que, ante las condiciones climáticas, tuvo que amarrarse.
Con bandera panameña, Decus llegó a aguas de jurisdicción nacional hace dos años amparada en un contrato de fletamiento a casco desnudo para operar en tirante de agua de al menos 400 pies y una capacidad de perforación mínima de 30,000 pies de profundidad. A bordo tiene un equipo para su operación y otro para su mantenimiento integral.
Ante el embate del pasado fin de semana, Perforadora Oro Negro acudió, el pasado martes 22, a la corte de bancarrotas de Nueva York, para frenar el “secuestro” de las cinco plataformas. La jueza dictó una orden temporal de restricción y citó para una audiencia, el próximo martes 30. En México, un tribunal unitario desechó su solicitud de amparo.
El litigio cumplió un año y ha recorrido tribunales de Singapur, Nueva York y la Ciudad de México. Las últimas semanas han sido críticas: el pasado 12 de septiembre fue declarada en concurso mercantil por un juez federal, a solicitud de Integradora Oro Negro. Pero el 1 de octubre, Enrique Cedillo García, juez del sistema procesal penal acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en funciones de juez de control, ordenó el aseguramiento de los recursos financieros de la empresa; más de 1,900 millones de dólares.
El congelamiento de las cuentas bancarias impactó, en primera instancia, a los empleados de las plataformas y a los proveedores de los servicios de mantenimiento y seguridad. Y derivó en el operativo del pasado fin de semana.
El pasado jueves 18, el conflicto vivió un episodio definitivo: el juez Cedillo García concedió que los tenedores de bonos entraran en posesión de las plataformas y, menos de 12 horas después, la capitanía de Nuevo Progreso recibió el aviso de que los navíos estaban cerrados por mantenimiento y sus helipuertos estaban desactivados.
El primer intento de abordaje ocurrió el sábado 20, por la mañana. El domingo 21, los abogados Barradas y Contreras, con apoyo de elementos ministeriales y oficiales de la Secretaría de la Marina, se trasladaron en helicópteros e intentaron nuevamente ejecutar una orden de restitución.
De acuerdo con los operadores de las plataformas, en Nuevo Progreso había cinco helicópteros listos para ejecutar el mandato judicial. “La capitanía del puerto nunca estuvo informada”, se quejaron los arrendatarios, “y unilateralmente quisieron trasladar las cinco plataformas a aguas internacionales. Sus intentos violentos pusieron en riesgo la vida de los trabajadores”.
La resolución de la jueza de la corte de bancarrotas de Nueva York pone pausa a cuatro meses de reclamos de los inversionistas estadounidenses y europeos de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, quienes sostienen que la investigación penal iniciada por una denuncia de los tenedores de bonos fue una represalia, por la demanda interpuesta al amparo del capítulo 19 del tratado de libre comercio.
La investigación penal —sostuvieron entonces— era frívola y sin fundamento, pero sobre todo confirmaba la implementación de una “campaña permanente” para acosar, perseguir y destruir a Oro Negro. La intentona, dijeron, incluía el uso faccioso de las instancias judiciales.
Los accionistas estadounidenses y europeos de Oro Negro sostienen que el acoso y persecución que han sufrido en este tiempo es producto de la connivencia de los tenedores de bonos y directivos de Petróleos Mexicanos. El colapso de la firma de Gonzalo Gil White permitiría que sus exsocios pudieran apropiarse de las plataformas y suscribir sus propios contratos de arrendamiento con la paraestatal.
La suspensión de operaciones de las cinco plataformas —es lo único cierto—afectará a 2,500 trabajadores y sus familias, que perderán su fuente de empleo.
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