Cuando Volkswagen cayó en desgracia por ocultar los niveles reales de contaminación de cierto tipo de motores, el gobierno mexicano perdió una gran oportunidad de quedarse callado. Fue específicamente la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) la que puso el grito en el cielo y amenazó con sanciones muy severas a la empresa alemana por contaminar … Continued
Cuando Volkswagen cayó en desgracia por ocultar los niveles reales de contaminación de cierto tipo de motores, el gobierno mexicano perdió una gran oportunidad de quedarse callado.
Fue específicamente la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) la que puso el grito en el cielo y amenazó con sanciones muy severas a la empresa alemana por contaminar nuestro aire.
Claro que por aquellos días, la PROFECO no daba pie con bola en los temas verdaderamente importantes para esa oficina de gobierno y era simplemente usada como trampolín político rumbo a una candidatura estatal.
El que dio la mejor explicación de por qué los motores de diésel EA 189 de 1.9 litros de Volkswagen no podrían tener las mismas sanciones que en Estados Unidos fue Rafael Pacchiano, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT).
Explicó que el algoritmo tramposo de esos motores estaba diseñado para engañar las mediciones del combustible de ultrabajo azufre (UBA), aquel que tiene menos de 15 partes por millón de azufre, que es un estándar en Estados Unidos, Europa y muchos otros países responsables de su medio ambiente.
Pero la novedad es que en México los combustibles que se venden no cumplen con esa norma de calidad. A pesar de que es una obligación legal que lo hagan.
La norma oficial mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 es muy clara al obligar a Petróleos Mexicanos a distribuir diésel UBA desde el 2009.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) tuvo tiempo entre la emisión de la norma hasta su entrada en vigor para actualizar sus refinerías y no lo hizo. Y las gasolinas que importa no pueden ser de mejor calidad porque se van a mezclar con la mitad de la producción nacional que viola los estándares ambientales del propio gobierno mexicano.
No hay una sola autoridad ambiental o de la empresa petrolera monopólica que no esté al tanto de la violación de la norma y por lo tanto de la mala calidad de las gasolinas que se venden en México.
Cuando se desató el escándalo de los motores trucados de Volkswagen salió a la luz esta situación, pero pocos le hicieron caso.
Ahora que se busca responsables de la pésima calidad del aire del valle de México, hay aquí una responsabilidad ineludible por la permisividad de la autoridad ambiental de no castigar a Pemex a pesar de estar violando una norma ambiental tan clara y tan específica.
Sí hay una responsabilidad de la autoridad federal en los altos índices IMECA y las consecuentes contingencias ambientales.
Existen normas ambientales específicas que resultaron caras para los contribuyentes, pues implicó que un grupo de expertos analizaran las consecuencias de los combustibles sucios en la salud humana. Y sacaron una afortunada norma estricta que el Poder Ejecutivo hizo obligatoria al publicarla dentro del Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas.
Pero la empresa petrolera del Estado simplemente ignoró la obligación argumentando problemas financieros, como si fuera más importante cualquier otra cosa que la salud de la población. Total, la impunidad siempre ha estado garantizada.
La verdadera discusión no es si las gasolinas vienen de China, ése en un distractor absurdo que alguien puso en las redes sociales, es como “ponerle un cascabel al gato”.
El verdadero tema es que en México las gasolinas no cumplen con las normas ambientales del propio gobierno mexicano. Y que tanto la autoridad ambiental como la petrolera lo saben y no lo corrigen.
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