Unos quieren generar conversación, fijar una posición y sobre todo transmitir un mensaje estratégico simple, pero categórico: asociar a sus clientes con el número de la lista y el color de la boleta que les corresponde
Consultores políticos y publicistas, pero sobre todos, community managers y operadores electorales hicieron su agosto desde la Semana Santa, contratados por los candidatos al Poder Judicial. Unos, concentrados en las campañas de aire, construyeron narrativas y reputaciones para profesionales del derecho con muy poco contacto –e inteligencia—social.
Unos quieren generar conversación, fijar una posición y sobre todo transmitir un mensaje estratégico simple, pero categórico: asociar a sus clientes con el número de la lista y el color de la boleta que les corresponde. Otros, ofrecen movilizar estructuras —100,000 pesos es el cobro mínimo para candidatos a jueces en la Ciudad de México— y el Día D conseguir los votos suficientes para llevarlos al Poder Judicial.
Hubo un selecto grupo de candidatos a juzgadores que sólo tuvieron que convencer los decision makers de la 4T para que los dejaran pasar el primer corte (las evaluaciones de los comités) y pudieran incorporarse a las boletas. ¿Los más influyentes? Aquellos que —incluso antes de que iniciaran las campañas— tienen su lugar asegurado… por la vía de las “candidaturas comunes”.
Estos privilegiados llevan seis semanas de campañas a medio gas. Sin necesidad de diferenciarse o de acrecentar su name recognition, se han concretado a un tímido llamado para votar, el próximo 1 de junio, y por el contrario han concentrado sus esfuerzos al cabildeo y el relacionamiento público.
El ejemplo más nítido de esta peculiar (no) contienda ocurre en el partido judicial en Baja California, que comprende 14 jueces en materia civil, ocho en materia familiar, cuatro en materia laboral, tres en materia penal tradicional, 23 en oralidad penal, dos en violencia familiar contra mujeres, dos en materia mercantil, uno en materia hipotecaria y uno en justicia para adolescentes.
Además, los bajacalifornianos “elegirán” 16 magistraturas numerarias y tres supernumerarias de competencia mixta; además de una numeraria de competencia especializada en justicia para adolescentes. En esta boleta, los votantes tendrán la posibilidad de elegir entre dos listados: uno, con las candidaturas comunes —bastará marcar la casilla con el nombre del candidato— o seleccionar individualmente a 11 mujeres y nueve hombres, identificados por un número, asignado en forma descendente, por orden alfabético.
En la elección del Poder Judicial Federal también han 10 candidatos sin competidores. Ya hubo una frívola comparación con lo ocurrido en 1976, cuando José López Portillo se impuso la elección por la Presidencia de la República: si bien fue el único candidato postulado por los partidos con registro (PRI, PPS y PARM), la izquierda nominó a Valentín Campa y un amplio sector del panismo insistió en votar por Pablo Emilio Madero aunque fuera como candidato independiente.
“Hubiera ganado con un solo voto”. ¿Y la legitimidad?
Efectos secundarios
DETALLES. Acompañada por sus colaboradores, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se dolió públicamente por la cancelación de su visa de ingreso a Estados Unidos, tanto por la decisión de las autoridades de la administración Trump, como por el escrutinio público. Su esposo, Carlos Torres Torres, convenientemente no habló del tema y tampoco, del congelamiento de sus cuentas bancarias en Wells Fargo y Bank of America, por sospecha de que el dinero proviene de actividades ilícitas. Quienes conocen su historia refieren que dos detalles comprometedores: su sociedad con el exmando policiaco, Edgardo Flores Campbell, en una empresa dedicada a los sistemas de videovigilancia y las polémicas de su hermano Héctor, ex director de la aduana en Tijuana.
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