Para documentar el escepticismo

El tema de financiamientos ilegales para las campañas electorales de Enrique Peña Nieto, en primer lugar, pero también de Andrés Manuel López Obrador, despide ya tufo de muladar.

Lejos de actuar con base en denuncias de los partidos políticos y las autoridades electorales (Instituto y Tribunal), el punto del que parten las fiscalías Electoral y General de la República son probables hechos y constancias fehacientes de personas que han delinquido. El 17 de agosto, en el contexto de las delaciones de Emilio Lozoya, en video se ven desembolsando fajos de billetes a quienes eran secretario técnico de Administración del Senado, Rafael Jesús Caraveo, y Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario privado del senador y actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

Todos del Partido Acción Nacional. Otros dos videos, revelados por Carlos Loret el 21 de agosto, exhiben a David León (coordinador de Protección Civil en la 4T), a la sazón asesor y enlace político del gobernador (por el Verde) Manuel Velasco, entregando bolsas con dinero del erario de Chiapas a Pío López Obrador, al que se escucha decir que su hermano (hoy Presidente) sabía de ese tipo de “aportaciones”.

Dos meses después, la secuela produce un potaje nauseabundo: Con la engañosa declaración ministerial del ex director de Petróleos Mexicanos como sustento clave, la FGR solicitó una orden de captura contra Luis Videgaray, acusándolo, entre otros delitos, de “traición a la patria”. El rechazo del juez por estar mal elaborada, confirmado por el Presidente de la República, fue desmentido por la Fiscalía, pero ayer ésta salió con la batea de babas de que se desistió de acusar al ex secretario peñanietista (así de mal argumentada y desaseada debe haber estado la petición) pero, ¡ah!, se reservó el derecho de intentar lo mismo posteriormente.

Ayer también, otro desconfiable pájaro de cuenta, el ex gobernador Javier Duarte se apuntó para declarar que Enrique Peña Nieto le llamó desde Brasil, de la casa del corruptor dueño de Odebrecht, para “ordenarle” que dejara lista en Veracruz la planta de Etileno XXI y corresponder así los cacareados moches para su campaña.

Finalmente, el impío hermano incómodo, que en octubre tuvo la desvergüenza de clamar por que la FGR buscara que a Loret de Mola le den 12 años de cárcel por haberlo balconeado, tuvo la puntada de interponer ante el degradado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recurso de apelación para que le ordene al Instituto Nacional Electoral detener la investigación en su contra por el dinero público mal habido.

Y para Ripley: Pío López Obrador alega que los hechos ya prescribieron y la ley no es retroactiva, lo cual es en absoluto cierto, pero ¡chin!, su lógica también aplica para todos quienes, del partido que sea, cometieron delitos electorales, incluidos los ex presidentes de la República. Vaya paradoja cuando el horno nacional no está para bollos ni rollos: la comprometida lucha contra la corrupción se apoya… en corruptos.