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Ante el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el líder de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, reclamó el viernes investigar a las autoridades federales, estatales y municipales por sus actos de omisión y/o negligencia frente a lo que considera violaciones graves a los derechos humanos, al no hacer valer la ley en las entidades afectadas por bloqueos de calles, carreteras y vías férreas; sabotajes, vandalismo y atentados contra la alimentación, la educación y la salud.

De superar la formalidad legal, administrativa y judicial, la demanda pudiera derivar en indemnizaciones multimillonarias (vía el erario) a empresas de diversos giros en las que, mucho ojo, trabajan decenas de miles de personas que han sido severamente dañadas en sus ingresos (choferes de transporte de pasajeros y carga, empleados de servicios turísticos y restauranteros, por ejemplo).

No sobra recordar que los profes de la CNTE, en cuanto empleados de gobierno, son “servidores públicos”, y que tan solo por abandonar las aulas violan el más preciado y constitucional de los derechos humanos: el superior de la infancia…