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En la última década, lo único inamovible en Exportadora de Sal —la empresa explotadora del yacimiento de sal marina más grande del mundo— ha sido Kentaro Nago, el director adjunto que hace las veces de delegado de Mitsubishi Corporation, tenedora del 49% de las acciones de la paraestatal asentada en la bahía Ojo de Liebre, en Baja California Sur.

En ese lapso, ESSA ha tenido media docena de directores y el mismo número de auditorías sobre el desempeño y la gestión financiera de esa mina a cielo abierto. Con un aparato burocrático nombrado desde la Secretaría de Economía y un contrato de exclusividad que la han convertido en un monopsonio, esa empresa lleva dos sexenios atrapada por las disputas de grupos antagónicos.

Ni lo viejo se fue por completo ni lo nuevo acaba de llegar. ¿Quién manda en la empresa? En Guerrero Negro recuerdan una anécdota ocurrida a mediados de mayo del 2017, en una sesión extraordinaria del Comité de Transparencia: después de desahogar la orden del día —las respuestas a tres solicitudes de información— en el apartado de asuntos generales, los representantes del titular del Órgano Interno de Control, don José de Jesús Rueda y Moreno, anunciaron que ya no acudirían a esas juntas. Su presencia se regularizaría cuando ese comité fuera depurado. Y sí, el contralor regresó hasta que logró que fuera instalado un comité de ética y de prevención de conflictos de intereses a su modo.

Antes hubo pleitos, incluso más insulsos. Jorge Humberto López-Portillo, quien llegó a Guerrero Negro en 2013, fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública en 2015 y enfrentó una acusación penal, sin que Ildefonso Guajardo frenara las acciones que el entonces coordinador de Minería, Mario Alfonso Cantú, emprendió contra su subordinado.

Rueda y Moreno llegó a ESSA en 2016, por recomendación de Cantú, y ha visto pasar cuatro directores. Con el último, Antonio Avilés Rocha, fue implacable a partir de la aplicación ortodoxa de la austeridad republicana: el director no autorizó al OIC rentar un vehículo para su uso y después, lo censuró por haber adquirido uno a la empresa arrendadora; en medio quedó el abogado general de la Secretaría de Economía, Jorge Luis Silva Méndez.

Sudcaliforniano, Avilés Rocha aplicó un método de gestión que favoreció a sus paisanos, pero en el pecado llevó la penitencia. Hasta el subsidio que autorizó para los productos de la canasta básica vendidos en el supermercado de la localidad fueron investigados por el OIC; igual, su título profesional o el contrato para la adquisición de diésel… Avilés también enfrentó al director de administración y finanzas, Jesús Martínez Torres —quien llegó a ESSA a mediados del 2018— por una supuesta cercanía a Mitsubishi.

La venta de 60,000 toneladas de sal industrial a granel a cuatro clientes ajenos a la corporación nipona fue la gota que derramó el vaso. Avilés Rocha salió de la empresa con la promesa de ocupar un nuevo cargo en la Cuarta Transformación, pero con la acusación mediática de tráfico de influencias. En su lugar, la secretaria Tatiana Clouthier designó al constructor regiomontano Gregorio Edgar Cavazos.

La noche del pasado lunes 15, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, usó sus redes sociales para anunciar que había presentado cuatro denuncias ante la FGR “por temas de corrupción” relacionadas con “tiempos pasados” en la Secretaría de Economía, para lo que había trabajado en coordinación con Clouthier. Versiones periodísticas, avaladas por funcionarios de SHCP y SE, apuntaron a exfuncionarios de ESSA del anterior sexenio.

En la última década, ESSA ha tenido media docena de directores. Edmundo Elorduy Dalhaus entregó el cargo al exdiputado priista Jorge Humberto López-Portillo, quien en el 2015 fue sustituido por Pedro Silvino Xavier Lazcano, exoficial mayor de la SEDATU cuando Jorge Carlos Ramírez Marín estuvo al frente de esa dependencia.

Felipa de Jesús Quiñonez estuvo como encargada de la dirección de ESSA por la salida de Lazcano, quien pasó al Fideicomiso de Fondo Minero y Eduardo Kukutschka entregó a Avilés Rocha, quien tomó las riendas de la salinera en febrero del 2019.

Efectos secundarios
RETORNO. La secretaria Olga Sánchez Cordero anticipó que impulsará una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos. Un objetivo que las dos administraciones pasadas se plantearon, pero fracasaron en el intento. En la inauguración del Simposio ‘Innovación en el Sector de Juegos y Sorteos’, la funcionaria definió que la intención es generar incentivos para el desarrollo responsable de la industria, sin desalentar esta actividad, pero sin permitir que el gremio del juego y las apuestas se vea rodeado de corrupción ni de impunidad. “Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, dijo. En el evento virtual estuvieron presentes Porfirio Muñoz Ledo, secretario de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados; Gady Zabicky, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones; y Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho, entre otros.