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Los hechos de Iguala el fin de semana mostraron por milésima ocasión la incapacidad de la mayoría de las autoridades y policías locales para aplicar la fuerza y someter a delincuentes y criminales.

La incompetencia de esas policías tiene al Ejército y a la Marina combatiendo a los criminales desde diciembre de 2006. Estamos hablando ya de ocho años. No quiero imaginar qué sería de México si, como vociferaban algunos el sexenio pasado (por cierto, no vociferan más), las fuerzas armadas se hubieran quedado haciendo “tareas de inteligencia” y pintando paredes en los cuarteles.

Noventa y cuatro meses en la lucha contra criminales profesionales es un riesgo extremo para cualquier ejército. Por eso sigo pensando que el mexicano, dígase lo que se diga, ha estado a la altura de las circunstancias. Incluso si terminaran de probarse las torturas y ejecuciones de 22 personas en Tlatlaya, que seguramente serían castigadas con dureza ejemplar en las instancias militar y civil.

El mexicano no es un Ejército genocida, no es un enemigo de su pueblo y sociedad. Lo ha demostrado estos ocho años. Se ha equivocado en ocasiones y abusado en algunos casos. Muy pocos para la dimensión de la guerra que pelea.

Lo escribí aquí el 9 de febrero de 2010 (en la estridencia de Felipe Calderón) y el 18 de febrero de 2013 (en el sigilo de Enrique Peña Nieto), lo repito hoy: “Como la mayoría de las policías locales sigue siendo una desgracia y los criminales se reproducen como en granja, al Ejército no le queda más que seguir en esta guerra maldita. Por tanto, cuidemos al Ejército”.

Ocho años.