Nulidades en Puebla


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Alberto AguirreSignos vitales

EFECTOS SECUNDARIOS

Por un indebido desechamiento de ampliaciones y pruebas supervenientes y una violencia generalizada al interior de casillas, sería anulada la elección por la gubernatura de Puebla, que ganó Martha Érika Alonso de Moreno Valle el pasado 1 de julio, con más de 100,000 votos de ventaja.

Ni la presunta injerencia del gobierno panista, ni el desvío de recursos del erario estatal fueron —a juicio del magistrado electoral José Luis Vargas— las determinantes para tumbar el ascenso de la exprimera dama de la Angelópolis, quien se uniría a ese club —María Rubio Eulogio, en Quintana Roo y María del Carmen Ramírez, en Tlaxcala —de carreras políticas truncas. Más recientemente, otras esposas de gobernadores –Martha Lilia López Aguilera, en Tabasco, o Martha García de Echevarría en Nayarit— han detentado poder, influencia y cargos públicos sin avanzar en la última milla.

Alonso de Moreno Valle dejó el DIF poblano para tomar las riendas de las estructuras panistas en la entidad. De allí brincó a la candidatura y en la contienda enfrentó a Luis Miguel Gerónimo Barbosa, uno de los políticos más avezados de la izquierda en la entidad.

La equidad de la contienda siempre fue cuestionada por el abanderado morenista. Pero sus argumentos sobre la injerencia del aparato gubernamental fueron desechadas, por improcedentes e infundadas.

Para el magistrado del Tribunal Electoral, por el contrario, el desempeño de las autoridades electorales resulta tan desaseado que obligaría a repetir las votaciones. En el contexto local, el pasado 10 de octubre habría concluido el proceso electoral, luego de que los magistrados del Tribunal Electoral confirmaran la validez de las votaciones del 1 de julio y el triunfo de Martha Érika Alonso. Esa sentencia fue impugnada por Luis Miguel Barbosa y Morena, quienes presentaron sendas ampliaciones a sus demandas, que fueron admitidas por la Sala Superior del TEPJF.

Los actores se duelen que el tribunal local desechara indebidamente las ampliaciones de demandas y pruebas supervenientes que allegaron en la instancia local. Este agravio, según Vargas, resulta fundado, “por lo que procede conocer de tales reclamos en plenitud de jurisdicción”.

Para socializar la ponencia que someterá a consideración del Pleno del TEPJF, el magistrado Vargas eligió las redes sociales. Así ocurrió —argumentó— “en aras de impulsar la justicia abierta (…) con el fin de que se estudie y discuta esta semana. Hacerlo del conocimiento público abona en la transparencia disminuye las especulaciones y frena cualquier intento de presión política”.

Casi de inmediato, la coalición Por Puebla al Frente —integrada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano— cuestionó la propuesta a la que calificó como un “acto indigno (que) confundiría al pleno con el falso argumento de que se violó la cadena de custodia (…) El proyecto de sentencia es un absurdo a la razón jurídica: el propio magistrado reconoce que no hay variaciones entre el primer cómputo y el recuento total”.

Algo de razón debe concederse a la opción seleccionada por el magistrado Vargas para compartir el proyecto: la magistrada presidenta Janine Otálora, después de leer el tuit notificó a sus pares de la cancelación de la sesión privada en la que se discutiría el proyecto con respecto a la gubernatura de Puebla. ¿Razones? La ausencia de los magistrados Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez, quienes cumplen con una encomienda transcontinental y regresarán a finales de la semana.

Los embates políticos —calculó el magistrado— irán in crescendo en tanto el TEPJF no resuelva las impugnaciones a la elección para gobernador de Puebla. Y compartir el proyecto —justifica— trajo todos los ojos de vuelta al caso, lo que frenará las intentonas de fuerzas políticas y poderes fácticos para presionar de forma indebida a los impartidores de justicia electoral federales.

En esta peculiar materia, hay precedentes: el acuerdo de sala de la elección de gobernador de Michoacán, del 2012, y la sentencia del juicio SUP-JRC-678/2015 que anuló la elección por la gubernatura de Colima. En ambos casos, las ponencias de los magistrados circularon entre los integrantes del pleno y después fueron publicadas en Internet para que partes y cualquier otro interesado pudiera consultarlas. Más recientemente, el magistrado Felipe de la Mata publicó en Scribd un anteproyecto el 18 de abril del 2018, antes de ser discutido por el pleno de la Sala Superior.

Al final de esta historia, queda el principio constitucional de la máxima publicidad, estipulado en la reforma electoral del 2014, por lo que cualquier otro reglamento, disposición o artículo que indique lo contrario, ha quedado rebasado.

EFECTOS SECUNDARIOS

BAJO FUEGO. Por la coyuntura, se multiplican los señalamientos contra el magistrado José Luis Vargas. Pero no es el único integrante del pleno del TEPJF que enfrenta cuestionamientos. Allí están las críticas —sobre todo internas— a la magistrada presidenta, Janine Otálora, por nepotismo.

EXHIBICIÓN. Después de su presentación en la CDMX, Roma —la película de Alfonso Cuarón y Netflix— será exhibida en la jornada inaugural del Festival del Puerto, la muestra de cine independiente mexicano de Puerto Escondido. Su primera función será la noche del próximo viernes 7 de diciembre, en la playa de Bachoco, en Villas del Sol y posteriormente se proyectará al aire libre, con un sonido 7.1 Dolby y proyector 4K. ¡Órale!

DESPEDIDAS. La inauguración del mandato de Andrés Manuel López Obrador coincidió con el fin de semana. Por eso —explican los altos mandos de la 4T— es que apenas está en curso el relevo en las dependencias federales. La consigna es que 70% de los mandos medios y superiores de la Administración Pública Federal entreguen sus plazas que por la bendita austeridad republicana quedarán canceladas.