Se confirma lo arraigado del delito de tortura policiaca en México y demuestra lo que distintos organismos han denunciado sobre el caso Iguala
La difusión del video que dio a conocer El País, donde se ve cómo fue sometido a simulacros de ahogamiento un detenido, confirma lo arraigado del delito de tortura policiaca en México y demuestra lo que distintos organismos (entre otros la representación legal de los padres de Los 43, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA, la oficina del Alto Comisionado de la ONU, Human Rights, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) han denunciado sobre el caso Iguala.
Esta revelación, sin embargo, de ninguna manera desmiente las evidencias de que los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa fueron levantados por policías municipales, entregados a sus asesinos de la banda Guerreros Unidos, que quemaron los cuerpos, hasta carbonizarlos, en el basurero de Cocula. Esto es lo que ocurrió, por más que el vocero de los padres de los 43, Felipe de la Cruz, diga que “fue a base de tortura todo lo que orquestaron”. Entrevistado por Quadratín (mientras con otros activistas participaba en la toma de una caseta de cobro en la autopista del sol a las afueras de Acapulco), insistió en que la “verdad histórica” es una farsa.
Para quienes creen que el video anula la conclusión ministerial sustantiva, aquí un dato desalentador: el torturado del video es Carlos Canto Salgado, alias El Pato, procesado por delincuencia organizada (no por el crimen atroz). Era el dueño del bar La Perinola, que le vendió a Raúl Nuñez Salgado, El Camperra, (vinculado, éste sí, a la desaparición de los muchachos).
Canto Salgado fue de los capturados en las primeras diligencias de la PGR, que lo confundió con el homónimo de mote Patricio El Pato Reyes Landa, sicario de Guerreros Unidos y partícipe de aquellos hechos.
Lo que el torturado dijo a sus torturadores es lo que le contaron sus compinches, no lo que le consta. Es un “testigo de oídas”, con poco o nulo valor como evidencia para establecer el posible destino de los normalistas.
Que el vocero De la Cruz ignore lo anterior puede entenderse, pero no que el representante legal de los deudos, Vidulfo Rosales, desconozca el expediente y afirme esta mentira contumaz: “Para nosotros es revelador en este video que la CNDH también hizo una investigación deficiente, cuya metodología queda en tela de juicio. Queda en duda, porque ellos refirieron que no fue torturada esta persona”.
Falso: la CNDH acreditó tortura en ocho casos y trato cruel, inhumano o degradante en 28, entre éstos Carlos Canto Salgado, así como la detención arbitraria y dilación en su puesta a disposición del Ministerio Público.
Es por demás injusto el reproche de Vidulfo, quien debiera aquilatar el trabajo de la institución y preguntarse por qué el GIEI, en cuyas opiniones se apoya para negar la verdad histórica, ni siquiera menciona a Canto Salgado entre los 17 casos de probable tortura que detectó…
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