El haberse sumado al partido mayoritario en el apuntalamiento de la militarización del país, sin embargo, no fue suficiente para que Morena mantuviera en la hielera la solicitud de juicio de desafuero presentada por la fiscalía de Campeche para que Alito pierda el fuero legislativo
Como sucede con el crimen organizado y su fórmula de “plata o plomo”, pagar la primera extorsión es no solo aceptar seguir cubriéndola periódicamente, sino el riesgo de que el monto se incremente ante nuevas amenazas de los extorsionadores.
Aunque sin duda existen argumentos jurídicos para proceder contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, una variante de aquel aterrador modus operandi se dispone aplicarle Morena por su negativa de aprobar la reforma político-electoral después de que sus legisladores se prestaron a impulsar y palomear la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028.
El haberse sumado al partido mayoritario en el apuntalamiento de la militarización del país, sin embargo, no fue suficiente para que Morena mantuviera en la hielera la solicitud de juicio de desafuero presentada por la fiscalía de Campeche para que Alito pierda el fuero legislativo y sea procesado penalmente por supuesto enriquecimiento ilícito.
Si por ley procede, la reactivación del procedimiento tiene un origen sucio y siniestro: el activismo sectario de la boquifloja gobernadora de Campeche, quien en su porno talk show de los martes, difundiendo grabaciones clandestinas y dando crédito a periodicazos, consiguió que el fiscal Renato Sales hiciera una investigación ministerial concluyente de que el valor de los bienes inmuebles del diputado y ex gobernador no corresponden con sus ingresos como servidor público.
En la mezcla de chismes, verdades, verosimilitudes y mala entraña, lo único lógico detrás de la anunciada resurrección del caso es la resuelta negativa de Moreno y su partido a palomear el atentado contra la normatividad actual, el Instituto y el Tribunal electorales, que entraña la iniciativa cuyo principal impulsor, el presidente López Obrador, ya dio por muerta.
“Yo me inclino a que se cumpla lo que establece la ley, más allá de mis filias o fobias”, arguye sobre el juicio de procedencia contra su par en San Lázaro Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista, en tanto que el imputado afirma que se trata de una “persecución política”.
Reta: “Aquí estoy firme. La posición del PRI es clara y contundente: votaremos en contra de la reforma electoral. Defenderemos la democracia de México al costo que sea (…). Vamos a impedir que sigan destruyendo a México. Resisto con el ímpetu que me da la mejor militancia de México, la del PRI; resisto con el ánimo que me inspiran millones de mexicanas y mexicanos que no están dispuestos a permitir más atropellos desde el poder…”.
La incógnita por despejar se vislumbra más turbia y hasta explosiva porque, si bien la Sección Instructora diputadil tiene la obligación de resolver la denuncia campechana, antes y por riguroso turno deberá desahogar al menos 14 peticiones de desafuero, entre otras contra el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y la ex gobernadora priista de Sonora, hoy cónsul en Barcelona, Claudia Pavlovich…
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