No metan a los militares en el miasma de Sinaloa

Un general, jefe de Zona Militar, que presuntamente llama sinvergüenza y narcotraficante a la gobernadora. Lo que, además, se filtra intencionalmente.

Ese mismo general pide su cambio.  Y de inmediato es nombrado otro general en su lugar.

Una supuesta llamada de la gobernadora llorando para solicitar a la primera mandataria que intervenga.  Otra presunta llamada a la misma persona para solicitar, de manera atenta y enérgica, que no metan a los militares.

Una, otra vez, presunta respuesta afirmando, con voz femenina, que no fue Omar García Harfuch, que por iniciativa propia la gobernadora interina, conocida como “la meserita” declaró que el general de división que se entregó en Estados Unidos fue “nombrado” por el alto mando de la Secretaria de la Defensa Nacional.

No es una comedia de equívocos, ni siquiera alcanza a ser un cuento de horror, es, simplemente parte de la realidad que vivimos alrededor de la acusación de autoridades estadounidenses y la defensa a ultranza del gobierno a los indiciados, mientras le congelan sus cuentas bancarias y los investigan por lavado de dinero, que obviamente no puede sino provenir del crimen organizado.

¿Por qué un general de división, que tiene más de 45 años de servicio ininterrumpido en las fuerzas armadas, que ha sido objeto de todo tipo de revisiones institucionales, que ha ascendido después de haber cumplido con todos los requisitos, que ha sido investigado, que seguramente pasó todos los exámenes de confianza antes de llegar a convertirse en titular de la Secretaria de Seguridad de Sinaloa, decide “entregarse” ante autoridades de otro país?

Esto justamente cuando el discurso presidencial ha sido la falta de pruebas detrás de la petición de extradición del gobernador Rubén Rocha, y también del general de división en situación de retiro, Gerardo Mérida Sánchez.

¿Solicitó permiso del alto mando militar antes de cruzar la frontera?

¿En realidad pretende ser testigo protegido y declarar en contra de todos los funcionarios, del gobernador que cuenta con la protección presidencial, al menos de palabra, que sigue siendo amigo del señor de Palenque?

Resulta muy poco entendible la decisión de someterse a autoridades de otro país que no respetan su situación de jefe militar, que no reconocen su grado o su historial. ¿Qué sabe el general Mérida, que quiere decir, qué precio está dispuesto a pagar por decirlo? Porque no creo que, simplemente, haya decidido ir a la cárcel en el país vecino, o siquiera tenga dinero suficiente para pagar la costosa defensa legal que requiere su caso.

¿Qué amenaza lo obligó a irse de México? O qué instrucción, o qué pensamiento mágico, o qué confusión extrema lo hizo llegar a esta decisión.

Sean cualesquiera que sean sus motivos, su entrega para ser juzgado, declarando ser inocente, es un cisma entre el discurso presidencial y la realidad.

¿Qué piensan los militares, los generales, los jefes, los hombres de uniforme que arriesgan su vida cada día? ¿Cómo contabilizan, asimilan, esta decisión del general Mérida, quiénes lo permitieron, quiénes lo pusieron en esta coyuntura?  Sobre todo, aunque fuese culpable de cientos de crímenes, la decisión recurrir a autoridades extranjeras es inexplicable.

Por lo pronto la versión de un general, jefe de zona militar, Santos Gerardo Soto, llamando “sinvergüenza” a una gobernadora interina, impuesta por un gobernador acusado de criminal, es terrible. Acojonante dirían en mi pueblo.  No puedo siquiera imaginar que indignación, rabia, coraje, pudiesen existir para esta conducta.  Si no es cierto, merece serlo.  Si es cierto, muchos militares están aplaudiendo.  Si no es cierto, pero intencionalmente se divulgó que lo era para mandar un mensaje, mucho peor.

Lo cierto es que hubo cambio, súbito cambio, en la jefatura de la zona militar de Sinaloa.