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La 4T mantendrá sus acciones contra la libertad de expresión: la censura es inexorable en el populismo. Un informe de la ONU advierte cómo Venezuela recurre a marcos legales vagos, para justificar el uso de técnicas invasivas en la vigilancia digital.

Aquí, en estados gobernados por Morena aumenta el acoso contra periodistas. Puebla y Campeche tienen legislaciones en curso para bloquear contenidos en plataformas digitales. Así empezó el populismo en Venezuela. Hay que escribirlo.

De hecho, el Senado discute una nueva Ley de Telecomunicaciones para bloquear plataformas digitales, censurar contenidos y acceder a información privada sin orden judicial. La 4T podrá bajar y castigar contenidos incómodos.

También hay que escribir que la presidenta Claudia  Sheinbaum y la secretaria de Segob, Rosa Icela Rodríguez, insisten en que la libertad de expresión no está en juego. Sí: lo dicen, pero, por ejemplo, Puebla y Campeche continúan adelante con sus leyes.

En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta puso en vigor la Ley de Ciberseguridad. Sí, la discute en foros, pero está publicada en el Periódico Oficial del Estado, y castiga con tres años de cárcel a quien “insulte” u “ofenda” en redes sociales.

En Campeche, una jueza vinculada a la gobernadora Layda Sansores, procesa al periodista Jorge Luis González y al representante del diario Tribuna, Isidro Yerbes, por criticar a la mandataria estatal, a quien le disgusta que no la alaben.

Además, la jueza Guadalupe Martínez Taboada mandó cerrar el diario Tribuna, prohibió a isidro Yerbes ejercer el periodismo y ordenó que el periodista le pague una indemnización millonaria a Sansores por “daño moral”.

Mientras, el Tribunal Electoral del Poder Judicial impuso medidas cautelares a una ama de casa usuaria de X, por criticar a la esposa del diputado de Morena, Sergio Gutiérrez. ¿Para qué jugar con las palabras? La libertad de expresión sí está en riesgo.

El camino que siguen los gobiernos estatales de Morena, y el Congreso controlado por Morena, es idéntico al que siguió el chavismo en Venezuela: imponer leyes que otorgan facultades discrecionales al poder contra plataformas, redes y medios.

La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, ha documentado que la dictadura de Venezuela recurre a marcos legales vagos para justificar el uso de técnicas invasivas en la vigilancia digital.

Dice el informe: “Las medidas contra plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación han resultado en censura discriminatoria, motivada por los intereses de la élite gobernante”. Parecido a lo de Armenta, en Puebla; y Sansores, en Campeche.

Definitivamente, si el gobierno en México está comprometido con la libertad de expresión sin adjetivos, tiene que dar pasos claros y contundentes para cerrar la puerta a la persecución por opinar en internet.

Está obligado.