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El subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, asume que lo suscrito en Washington deja al grupo de expertos independientes de la CIDH como coadyuvante y a la PGR como la responsable de las investigaciones del caso Iguala.

Contra lo planteado ayer aquí, se infiere, lo comprometido en nombre del Estado mexicano se apega a la Constitución, por más que la literalidad de lo firmado desate sospechosismos.

Y es que, entre la suspicacia que los acuerdos generan, también cabe la contradicción de que la PGR deba consensuar con el grupo el tercer peritaje… pese a que los expertos jamás consensuaron con la institución el que le encargaron a José Luis Torero (cuyas conclusiones dinamitaron la investigación oficial).

El asunto va oliendo a perpetuación de las averiguaciones para que los grupos que quieren inculpar al Ejército y fabricar un “crimen de Estado” sigan usando como ariete contra las instituciones el dolor de los familiares, de modo que la verdad jurídica termine, como en el programa Complacencias, adecuándose al gusto del respetable

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