No es de dudarse que habrá gente que participe y vote de buena fe en 2025, pero es válido preguntar si tanta grilla y tantos miles de millones de pesos que se gastarán servirán de algo más que para legitimar un capricho y una venganza tropical, en plena “austeridad franciscana”
Dice el refrán que el buen juez por su casa comienza, pero en el caso de los nuevos juzgadores federales que serán electos el próximo año -jueces, magistrados y ministros-, como consecuencia obligada de la reforma judicial, no lo cumplen.
Por un lado, está el revoltijo del proceso electivo.
Este domingo concluye el plazo para que se inscriban quienes aspiran a ser uno de los juzgadores federales.
Se requiere tener 5, 379 perfiles de candidatos para ministros, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las dos vacantes que hay en la Sala Superior del Tribunal Electoral, la Salas Regionales del Tribunal Electoral, y los magistrados y jueces.
Una vez reunida esa cifra y todos con su carta vecinal de buena conducta, se hará una insaculación. Es decir, una kermés de la justicia, en donde quedará la sexta parte de los aspirantes.
En tres comités podrán registrar un total de 5 mil 379 cargos:
• 1,793, del Poder Ejecutivo;
• 881, por parte de los Diputados;
• 912, del Senado, y
• 1,793, también, por parte del Poder Judicial.
Todos ellos competirán por 881 cargos. ¿Y cómo será la selección?
Para el caso de los magistrados federales en la Ciudad de México: se elegirán 104 magistrados. No habrá 104 boletas, únicamente será una, donde elegirán cinco mujeres y cinco hombres. Las 104 personas más votadas serán las que accedan al cargo y lo mismo va a ser con los jueces de Distrito.
Con los ministros, según la convocatoria, cada uno de los comités -del Ejecutivo, Legislativo y Judicial– deberá postular tres candidatos para cada uno de los 9 cargos en disputa.
Es decir, en total quedarán 81 candidatos para elegir a 9 ministros. Quien tenga el mayor número de votos será presidente de la Corte en los primeros dos años. Así será por el jolgorio de la elección.
Pero tan mal van a empezar estos jueces que los organizadores, el INE, estaban esta semana peleando por cambiar la fecha de la elección, aunque para su definición hace apenas unos días se hizo una reforma constitucional. ¿Qué? ¿Van a hacer una reforma de la reforma? Eso no va a pasar.
Los consejeros electorales del INE solicitaron al Senado que, “considerando las facultades constitucionales que ostenta ese Poder Legislativo Federal, puedan realizar las gestiones legislativas pertinentes y determinar que la jornada electoral del Proceso electivo extraordinario de 2025, no se lleve a cabo el 1 de junio de 2025, sino noventa días posteriores a esta fecha”.
¡90 días! ¿Quién va a querer ir a votar dos veces en un trimestre, en el caso de los estados donde habrá elecciones locales?
Van unos botones de muestra: en junio de este año, 61.04 por ciento fue la participación de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores.
17.77 por ciento fue la participación en la consulta de revocación de mandato, en 2022.
En la “Consulta Popular de 2021 para llevar a cabo las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, tuvo sólo el 7.1 por ciento de participación de los más de 93 millones de votos esperados. Es decir, una participación pírrica.
No es de dudarse que habrá gente que participe y vote de buena fe en 2025, pero es válido preguntar si tanta grilla y tantos miles de millones de pesos que se gastarán servirán de algo más que para legitimar un capricho y una venganza tropical, en plena “austeridad franciscana”.
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Aún no se cumplen dos meses del nuevo gobierno y ya se asoman las corruptelas e impresentables que lo marcarán.
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