Pero por eso mismo es pertinente reiterar algunos puntos, para no caer en la provocación ni hacerles el juego, pero tampoco dejarlos pasar como si nada hubiese ocurrido
Por: Juan Ramón de la Fuente y Pablo Arrocha
El 1 de diciembre de 2019, tras las declaraciones del entonces presidente Trump, en las que decía que pondría en marcha un proceso para designar a las organizaciones mexicanas del crimen organizado como grupos terroristas, publicamos en este espacio un artículo bajo el mismo título (EL UNIVERSAL,12/01/19). Ahí nos referimos a las diferencias que hay entre ambos conceptos y explicamos por qué pretender equipararlas no solamente no solucionaría el problema sino que lo agravaría. La respuesta de México fue entonces y sigue siendo categórica: no se admitirá acción alguna que atente contra la soberanía nacional.
Pero no debe sorprender que una vez más nos topemos con el mismo debate. El tema se usa con fines político-electorales y la idea de una posible intervención militar en nuestro país, por perversa que sea, resulta atractiva para algunos. Los senadores republicanos Lindsey Graham (Carolina del Sur) y John Kennedy (Louisiana) han planteado un supuesto plan de dos puntos: designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y la autorización del uso de la fuerza militar en su contra. El planteamiento se hizo con toda intencionalidad. Se trata de ganar adeptos. Resulta imposible pensar que ignoran que su dicho rebasa los límites establecidos en el derecho internacional. Pura politiquería, pues.
Pero por eso mismo es pertinente reiterar algunos puntos, para no caer en la provocación ni hacerles el juego, pero tampoco dejarlos pasar como si nada hubiese ocurrido.
La designación unilateral por parte de Estados Unidos de organizaciones terroristas extranjeras, se da como resultado de un proceso interno que está regulado por leyes de ese país, tales como el Acta de Inmigración y Nacionalidad o el Acta de Autorización de Relaciones Extranjeras.
Por lo mismo, conviene rescatar lo dicho por la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, el pasado 3 de marzo: “tal designación no es necesaria ni aporta mayores facultades a las ya existentes para abordar el combate al narcotráfico, incluidas sanciones a individuos y entidades”. O sea, la Casa Blanca se encargó de desmentir a los propios legisladores republicanos al dejar en claro que, designar a los narcos como terroristas, no es un requisito para hacer frente a los enormes retos que representa el narcotráfico.
Ahora bien, no designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no significa minimizar la gravedad del problema. Se trata de definir con precisión y llamar por su debido nombre al tipo de actividad delictiva de la que se trata. Sólo así se podrán reforzar los mecanismos legales nacionales e internacionales que correspondan, para enfrentarlo con mayor eficacia.
La ONU también ha examinado el asunto. En la resolución 75/291 de la Asamblea General adoptada el 30 de julio de 2021, se expresa preocupación, toda vez que pueden existir vínculos entre ambos fenómenos, pero se subraya que es en ciertos casos y en algunas regiones. Lo que claramente se plantea es la necesidad de mejorar la cooperación a nivel nacional, subregional, regional e internacional con el fin de fortalecer la respuesta legal al problema. Así, desde la perspectiva de la comunidad internacional, se reitera el mismo principio asumido por México: cooperación sí, intervencionismo no. En el mismo sentido fue la resolución 2482 adoptada en 2019 por el Consejo de Seguridad.
Asumir que la designación de organizaciones del crimen organizado como grupos terroristas va a justificar el uso de la fuerza es, pues, un planteamiento falso y contrario al derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas en su Artículo 2, reconoce el principio de la igualdad soberana de los Estados y señala además que “los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”. Dicho de otra manera, el uso de la fuerza armada por un Estado en contra de la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro, constituye un acto de agresión contrario al derecho internacional.
Cabe reiterar que incluso la sola amenaza del uso de la fuerza es violatoria de la Carta de la ONU, por lo que se podría plantear el nivel de responsabilidad que implica el que senadores estadounidenses, actuando en su capacidad oficial, hagan declaraciones expresando que “desatarán toda la furia y fuerza de Estados Unidos contra los cárteles de la droga, incluido a través del uso de la fuerza militar”. Dicho argumento va acompañado —seguramente también de manera intencional— de una supuesta amenaza a la seguridad de ese país, apuntando hacia una narrativa de legítima defensa. Otra artimaña.
Al respecto, cabe recordar que sólo existen dos excepciones a la prohibición del uso de la fuerza en la Carta de la ONU: cuando así lo autoriza el Consejo de Seguridad, al amparo del Capítulo VII, o cuando se actúa en legítima defensa de conformidad con el Artículo 51. Ninguna acción militar destinada a llevar a cabo ataques dirigidos contra organizaciones criminales en México podría justificarse bajo estas excepciones.
Es cierto que Estados Unidos ha invocado en el pasado la legítima defensa en contra de actores no estatales bajo la llamada doctrina de “no poder o no querer” (unwilling and unable), especialmente en el caso de operativos militares en Siria contra el grupo terrorista ISIS. Al respecto, México ha rechazado tal interpretación de manera consistente, al considerarla un abuso del derecho a la legítima defensa y por ser contraria del Artículo 51 de la Carta de la ONU.
Dicha doctrina, que se inscribe en un contexto bélico más amplio, también ha sido cuestionada y rechazada en reiteradas ocasiones en el marco de la ONU por otros Estados miembros, incluido el Grupo de los Países No Alineados y, en nuestra región, en diversas intervenciones conjuntas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).
Ante el abuso del principio de la “legítima defensa”, México ha sostenido una posición firme y de liderazgo dentro de la ONU, para dar cabal transparencia a la forma en la que los Estados lo invocan. El tema lo revisa anualmente el Comité Especial de la Carta de la Asamblea General y la propuesta mexicana está disponible para los interesados (https://bit.ly/3mKfFaS)
Otra dimensión ineludible del problema, que fue omitida por los senadores republicanos, es la del vínculo existente entre el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Se trata de un asunto que requiere de respuestas internacionales y multisectoriales. Convencidos de la necesidad de adoptar un enfoque integral para abordar este fenómeno, el año pasado México presentó ante la ONU la resolución 77/238 intitulada “Abordar y combatir el problema mundial de las drogas mediante un enfoque global, integrado y equilibrado”. Tras una larga negociación, la resolución fue adoptada por la Asamblea General el 15 de diciembre pasado, con el voto afirmativo de Estados Unidos. Ahí tenemos otro elemento de apoyo para una cooperación productiva.
Tanto el terrorismo como la delincuencia organizada, independientemente de su categorización, son fenómenos muy violentos, que conllevan actos criminales, y que afectan y lastiman de manera profunda a nuestras sociedades. Una lección fundamental que México ha aprendido, como consecuencia de las estrategias exclusivamente represivas, es que la violencia conlleva más violencia. Siempre será un error crear un monstruo para tratar de vencer a otro.
El combate a toda actividad criminal, sea cual sea su naturaleza, debe hacerse siempre por los canales jurídicos diseñados para mantener el orden público. Esto requiere el fortalecimiento de instituciones de impartición de justicia y del Estado de derecho. La impunidad debe ser reemplazada por detenciones y juicios justos, de conformidad con los estándares de debido proceso, que ofrezcan a las víctimas el resarcimiento del daño. Esto no se logra con la simple estrategia aniquiladora con la cual, en el mejor de los casos, sólo se cortan cabezas a la Hidra. Hay que atender las causas de raíz y reconocer las profundas heridas que este flagelo le ha causado al tejido social.
Los planteamientos del gobierno de México han sido muy claros: mejorar la colaboración y la cooperación internacionales. No podemos olvidar que el principal mercado de consumo de drogas, con un valor de cientos de millones de dólares anuales, está precisamente en Estados Unidos. A eso se suma que más de 200,000 armas de fuego son traficadas anualmente de manera ilegal hacia nuestro país. Al menos el 80% de las armas incautadas al crimen organizado provienen de Estados Unidos. Ante esta grave problema, la cancillería mexicana optó por la vía del derecho y presentó en 2021, una demanda innovadora contra algunas de las mayores empresas fabricantes de armas en ese país. El proceso sigue su curso por la vía judicial.
Por todo lo anterior, y a la luz de los renovados ataques y amenazas a la seguridad y soberanía de México, reiteramos que se deben rechazar categóricamente las estrategias intervencionistas y enfocar todos los esfuerzos para contrarrestar las grandes palancas que nutren al crimen organizado: el mercado de drogas y el tráfico ilícito de armas. Todo ello desde luego, con pleno apego al derecho interno e internacional, reforzando la vía de la diplomacia y creando estrategias más efectivas.
Cooperación sí, toda la que se requiera; intervencionismo no, bajo ninguna circunstancia.
*Misión Permanente de México en las Naciones Unidas
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