Por no formar parte de la burocracia de la 4T, el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, ninguna responsabilidad legal tienen en la extracción clandestina del recluso Eliseo Villar Castillo, el ex policía comunitario preso en Chilpancingo, … Continued
Por no formar parte de la burocracia de la 4T, el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, ninguna responsabilidad legal tienen en la extracción clandestina del recluso Eliseo Villar Castillo, el ex policía comunitario preso en Chilpancingo, que fue trasladado al penal federal femenil en Cuernavaca sin que se cumplieran los requisitos de ley, para contarle al subsecretario Alejandro Encinas lo que dice que le dijeron en la cárcel tres guerreros unidos acerca del paradero real de los normalistas desaparecidos.
Responder por esa ilegalidad es obligación de las secretarías de Gobernación y Seguridad Ciudadana, y proceder contra los infractores, de la Fiscalía General de la República.
Las revelaciones del ex policía comunitario entrevistado por el periodista de radio Gamaliel García Barrera, que lejos de ser desmentidas han sido asumidas como ciertas por Encinas y Rosales, plantean interrogantes clave: ¿por qué el abogado de los deudos quiere “alinear” los testimonios de los detenidos?, ¿por qué pide al informante declarar a modo?,¿qué engañosa versión quiere que dé?, ¿desde cuándo Vidulfo sabía del nuevo sitio de búsqueda? y ¿esto se lo había informado a sus representados?
De la entrevista resaltan y sobresaltan palabras como estas de Villar Castillo: “A Encinas y a Vidulfo les digo que se bajen del avión en el que andan, y se ubiquen en su trabajo, asuman su responsabilidad y se hagan los trabajos para ir por los muchachos. Yo sé dónde están exactamente los 43 estudiantes de Ayotzinapa…”. ¿Pues en qué carajos andan el subsecretario y el abogado? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofrece recompensas para quien aporte nueva información sobre el crimen de la noche de Iguala. ¿Lo sabía también en junio el ex policía (preso por defraudación, secuestro y asesinato)? ¿Qué beneficio se le prometió?
La mayor retribución es de diez millones de pesos para quien delate el paradero de Alejandro Tenescalco Mejía, al parecer El Patrón o El Caminante: un policía municipal de Iguala que ha sido buscado desde la extinta PGR y por quien (como por algunos otros de prófugos) también se ofrecía una remuneración.
En el quinto aniversario luctuoso, el Presidente dijo: “Este es un mensaje para los que saben. Hay muchos que saben y por eso tengo confianza en que vamos a conocer la verdad.
El que informe tiene toda la protección del Estado. Todo el apoyo del gobierno. Por eso no pierdo las esperanzas, estoy optimista. Creo que vamos a darles buenas noticias a los familiares, no lo descarto, no me doy por vencido; al contrario, creo que lo vamos a lograr”. ¿Alguien le habrá informado antes que para la obtención de novedades que conduzcan a la justicia lo de menos ha sido la ley…?
Minuto a minuto
