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En 48 horas, el Boeing 727 de la Guardia Nacional —matrícula XC-NPF— cumplió con 15 vuelos. El primer trayecto fue del AICM al aeropuerto internacional de Chetumal, donde en la víspera habían sido concentradas 197 personas privadas de la libertad que cumplían sentencia en cuatro centros de readaptación social de Quintana Roo.

Era el viernes 27 de enero. Tres semanas antes, esa aeronave había sido utilizada para el traslado de las tropas federales que intervinieron en el operativo para aprehender a Ovidio Guzmán. En el aeropuerto de Culiacán fue blanco de un ataque y su fuselaje resultó dañado.

La reparación de la aeronave GN-402 apenas tomó tres días en el hangar del AICM. El último viernes de enero aterrizó en la capital de Quintana Roo. Apenas cinco horas antes, la directora General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del gobierno estatal había autorizado el traslado de los procesados, entre ellos dos personajes de interés nacional: el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y el empresario Jean Succar Kuri; ambos, involucrados en la causa abierta por la periodista .

Marín Torres “es una de las personas que ha puesto en riesgo la estabilidad del centro penitenciario”, justificó el comité técnico de la cárcel de Cancún, luego de conocer informes de tres incidentes —ocurridos el 28 de noviembre y 2 y 6 de diciembre del año pasado— en los que la seguridad de esa institución (de mínima seguridad, por lo que no cuenta con los medios de contención) se vio comprometida.

En la víspera, la Comisión estatal de Derechos Humanos había presentado un diagnóstico sobre el sistema penitenciario quintanarroense. “La sobrepoblación y el hacinamiento son vicios históricos que requieren especial atención, en particular en los centros penitenciarios de Cancún y Chetumal, así como el centro de retención municipal de Playa del Carmen”.

Además de una alta sobrepoblación, el Cereso de Cancún alojaba “personas con un perfil criminológico alto y de conducta incontrolable”, que ponían en riesgo al resto de los internos, pero también al personal administrativo, de seguridad y custodia, reportaron las autoridades estatales.

Marín Torres y Succar Kuri —determinaron— son personas “con capacidad criminal media alta, manipuladores, con un rol de líder negativo puesto que tratan de obtener un beneficio de manera fácil, con un nivel cognitivo por encima del promedio, que es enfocado a superar la seguridad del centro, en constante búsqueda para tener un rol de líderes al interior del centro, situación que lleva a poner en riesgo la estabilidad y gobernabilidad del centro penitenciario”.

Concluido el traslado de los 197 reclusos, la Secretaría de Seguridad estatal difundió un comunicado en redes sociales para explicar su estrategia para “despresurizar” la carga de los penales en Quintana Roo. El objetivo —reconoció— era “mantener un estado de gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios”.

Sobre la relocalización del exgobernador de Puebla y al empresario textilero, hubo una explicación ambigua. “Se efectuaron traslados, de acuerdo a la relevancia política y a su poder económico (sic), ya que generaban un riesgo, esto, determinado por el Departamento de Investigaciones del Centro Penitenciario”.

Efectos secundarios
REFLEJOS. La confianza del sector empresarial en la administración que encabeza Mara Lezama y el arribo de inversiones, nacionales y foráneas, por las megaobras de infraestructura, se materializaron en la generación de nuevos empleos en Quintana Roo, que se ubicó como la segunda entidad a nivel nacional en la recaudación de cuotas obrero-patronales, de acuerdo con el reporte anual del IMSS en ese rubro. En la entidad actualmente hay 468,732 empleados formales, de los cuales dos terceras partes son permanentes y en el 2022 se crearon 35,476 nuevos puestos de trabajo, 60% de los cuales son eventuales.