Se dijo entonces que las amenazas a la soberanía eran reales, que sólo se concretarían por obsecuencia del Gobierno de la República o por permitir que las mezquinas ambiciones dividieran al partido en el poder
Hace semanas que citó en este espacio el ejemplo de Manuel Ávila Camacho, que el 15 de septiembre de 1942 en reunió en el balcón central de Palacio Nacional a todos los expresidentes, incluidos Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles, como ejemplo de unidad ante amenazas a la integridad territorial por intereses de radicales estadunidenses.
Se dijo entonces que las amenazas a la soberanía eran reales, que sólo se concretarían por obsecuencia del Gobierno de la República o por permitir que las mezquinas ambiciones dividieran al partido en el poder.
Durante su fin de semana por Tabasco, dejó claro que no tomará distancia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta a quienes somos críticos de la IV-T consideramos un disparate que, en las circunstancias actuales, se dividiera el partido en el poder.
La división panzer de Luisa María Alcalde
A partir de la premisa del derecho de réplica, desde el sexenio pasado se creó una hipótesis constitucional cuyo resultado en la realidad, desde la poderosa tribuna presidencial del Salón Tesorería de Palacio Nacional se descalifica a personas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
Con su propio estilo, el gobierno actual sumó a la mañanera una denuncia semanal que, de acuerdo a la agenda y coyuntura política, ha descalificado todo desacuerdo y crítica como “mentira”, descalificación inapelable para los aludidos.
Es perturbador, para decirlo en bonito, que se anuncia que Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia prepara no una aplanadora, sino una suerte de división panzer, para cada miércoles, en conferencia aparte, embestir contra los ciudadanos, medios y organizaciones no gubernamentales que critiquen al gobierno.
¿Por qué quieren destruir el IPN?
Hace varias semanas, cuando la Presidencia de la República, aparentemente por inexplicables razones ideológicas, ignoró la facultad constitucional que tiene de designar al director general del Instituto Politécnico Nacional, y anunciar la democratización del nombramiento no calculó que ponía en impulsaba a grupos radicales.
El resultado es que grupos estudiantiles con raíces radicales han tomado las instalaciones del Canal Once del IPN para exigir mejoras institucionales, más presupuesto y claro “la democratización” del IPN y rechazan dialogar con el Gobierno de la República.
Las intransigencias de los grupos estudiantiles son consecuencia de una decisión bien intencionada, pero cuyas consecuencias amenazan socavar al IPN, creado por Lázaro Cárdenas como vía de movilidad social y sustento vital para el futuro de la Nación.
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