Peor, imposible. La encuesta nacional abierta para elegir al nuevo presidente y secretario general de Morena quedó temporalmente suspendida
Peor, imposible. La encuesta nacional abierta para elegir al nuevo presidente y secretario general de Morena quedó temporalmente suspendida, por mandato judicial, y mientras el INE sesiona para corregir su defectuoso acuerdo, las tres casas encuestadoras encargadas de levantar la “encuesta pública abierta de reconocimiento”, que definiría a los candidatos que serán sometidos a la consideración de la ciudadanía entrevistada, tuvieron que frenar su salida a campo.
Demotecnia, Mendoza y Asociados y Parametría quedaron en stand by, en tanto que los consejeros electorales nuevamente fueron reconvenidos por los magistrados electorales por no motivar y fundamentar sus decisiones. Una semana desperdiciada, por excluir la paridad de género y decidir a priori que sea una sexteta de candidatos a los cargos directivos de Morena.
Los Lineamientos Rectores del proceso, aprobados por los consejeros electorales el pasado 31 de agosto, anticipaban una inscripción masiva y la necesidad de aplicar una “encuesta pública abierta de reconocimiento”, para acotar la lista a un máximo de seis opciones de votación.
El INE –consta en ese documento– solicitó una “recomendación técnica” a los responsables del área de opinión pública de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión y al Colegio de Especialistas en Demoscopía. De allí surgió la idea de realizar, de manera previa, una encuesta pública abierta de reconocimiento que permita reducir el número de candidaturas, que los magistrados electorales consideraron no suficientemente sustentada, luego de analizar 11 impugnaciones interpuestas por militantes morenistas, entre ellos el presidente interino, Alfonso Ramírez Cuéllar.
CEDE, de acuerdo a funcionarios electorales, respondieron que técnicamente no había sustento para establecer un número límite para las candidaturas.
Antes de la resolución del Tribunal Electoral, las tres firmas insaculadas por el INE –BGC, de Ulises Beltrán; Covarrubias y Asociados, de Andrés Levy; y Parametría, de Francisco Abundis–, para levantar la “encuesta definitiva”, remitieron una propuesta metodológica, cuya revisión permite establecer el grado de dificultad del ejercicio demoscópico ordenado por el Tribunal para elegir a los nuevos dirigentes de Morena.
Ante la inexistencia de un padrón y la carencia de información acerca del comportamiento de la población objetivo, los expertos estiman que entre 25% y 30% de la lista nominal de electores, a nivel nacional, son simpatizantes y militantes de Morena. Para establecer los intervalos de confianza para las preguntas acerca de la selección, propusieron obtener 1,500 entrevistas efectivas, cada uno, que serán levantadas a través de un cuestionario estructurado aplicado con dispositivos móviles, en entrevistas en vivienda, salvo en aquellos estados donde las autoridades de salud determinen su imposibilidad. Al final del ejercicio, cada empresa entregará a los consejeros electorales un reporte ejecutivo en Power Point con las estimaciones obtenidas para cada uno de los candidatos.
La Sala Superior del Tribunal Electoral dio 72 horas al INE para modificar los lineamientos y la convocatoria. Para considerar el principio de paridad de género en la integración de los órganos de dirección de Morena, deberá implementar los mecanismos apropiados para asegurar la designación paritaria de las personas en los cargos de dirección, como la presidencia del partido y la secretaría general.
Efectos secundarios
INEVITABLE. El último intento por mantener abierta la mina de San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, ocurrirá hoy, con el recuento que definiría la titularidad del contrato colectivo de los trabajadores, que reclaman Yasser Beltrán y sus aliados locales, mientras que la empresa y sus trabajadores advierten por la inexistencia de garantías de equidad e imparcialidad para una elección democrática en medio de un ambiente de amenazas y miedo. Hace siete meses, Americas Gold and Silver suspendió sus operaciones en Cosalá, luego de que el grupo encabezado por Beltrán y Napoleón Gómez Urrutia, bloqueara los accesos. Desde entonces, la empresa acumuló pérdidas por más de 20 millones de dólares, incluyendo pago de impuestos y nómina, y la pérdida de empleo de más de 300 trabajadores. Sus representantes acudieron ante la fiscalía de Sinaloa, sin embargo, las denuncias no han avanzado y su decisión parece tomada: a más tardar a fin de mes, la extracción de zinc, oro, plata y plomo quedará cerrada, y cancelada una inversión de 420 millones de dólares. En el fondo, la disputa entre la CTM y el STMMRM por los contratos del sector minero-metalúrgico: antes de la ofensiva contra la Americas Gold and Silver, la organización encabezada por Gómez Urrutia buscó quedarse –sin éxito– con los contratos laborales de plantas cementeras de Holcim.
ÚLTIMA HORA. Sorpresivamente, antes de vencerse el plazo legal para el iniciar el procedimiento de consulta popular, un grupo plural de 43 senadoras y senadores de la República, integrantes de diferentes grupos parlamentarios, presentó ante la Mesa Directiva una solicitud de consulta popular a la ciudadanía con la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que el gobierno federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atraviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del Covid-19?
Minuto a minuto
