El problema es conceptual: aplicar lo que dictan las leyes es consentir todo lo que López Obrador ve perjudicial
Fogueada en el servilismo, la “lealtad ciega” y el oportunismo, la mayoría diputadil de Morena se apresura a tratar de modificar la Constitución para que los juicios de amparo se amolden a los “principios de austeridad republicana” y favorezcan a los monopolios de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Intento estéril porque también es inconstitucional.
La marrullería fue dada a conocer por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega. Se buscará, dijo, adicionar dos fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, para también tratar de evitar el otorgamiento de suspensiones contra el régimen de remuneraciones que fijó el de López Obrador como salario máximo.
“Como se aprecia, ni siquiera se ha realizado ningún acto de aplicación de la reforma y como acto reflejo se impugna judicialmente, e igualmente como acto reflejo algunos jueces están otorgando la suspensión, sin analizar debidamente si existe un interés público superior que deba privar en la materia”, arguyó, ignorante de que el único “interés superior” que rige es el de la infancia.
Pero vaya cachaza: si al Presidente le sorprendió que la primera suspensión provisional de su contrarreforma se produjera un día después de que entrara en vigor, asombra la rapidez con que la diputada presentó su iniciativa de ley: menos de tres horas después de que AMLO dijera estar dispuesto a promover una reforma constitucional si el Poder Judicial sigue emitiendo suspensiones o termina otorgando amparos definitivos.
Le preguntaron ayer:
—Una vez que se resuelva de fondo este tema de los amparos, si determinan que esta ley eléctrica contraviene a la Constitución, ¿usted impulsaría entonces una reforma constitucional?
“Sí, sí —respondió. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma pero, si determinan jueces, magistrados, ministros que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco; no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular, y sobre todo afecten la economía de los más pobres”.
El problema es conceptual: aplicar lo que dictan las leyes es consentir todo lo que López Obrador ve perjudicial.
Quizá su popularidad sirva para comprender lo sofístico de su razonamiento: si una mayoría indiscutible de ciudadanos votó por él, todo lo que se le ocurra es correcto, democrático y moral, de modo que ningún juez, magistrado o ministro puede ir “contra” quienes respaldan al Presidente.
Para López Obrador, lo que encabeza no es una administración pública ni un gobierno más, sino un “cambio de régimen”. Sigue sin aceptar que el mexicano continúa siendo republicano, con su consustancial (¿monserga?) división de poderes con respectivas facultades y limitaciones.
De aprobarse los cambios a la Constitución que está dispuesto a promover, su poder ya no tendría límite alguno…
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