Que el Estado regule la industria está fuera de discusión, pero no si de lo que se trata es de optar entre un “monopolio” público y un “monopolio” privado
Si la iniciativa de nueva ley de la industria eléctrica se reduce al duelo entre “defensores” de la Comisión Federal de Electricidad y los “alineados” a los inversionistas privados, con todo y el “parlamento abierto” (de tristes dos días) que organizó la Cámara de Diputados, cualquier debate carece de sentido. Se impondrá el gobierno con su mayoría parlamentaria y lo que viene será un costoso desgreñadero en los tribunales mexicanos e internacionales.
Puesta en blanco y negro la discusión, en el corto plazo habrá un aplastante vencedor y un puñado de derrotados pero, bien a bien, así sea que al final de los juicios uno u otros se salgan con la suya, ninguno, propiamente, ganará.
Que el Estado regule la industria está fuera de discusión, pero no si de lo que se trata es de optar entre un “monopolio” público y un “monopolio” privado.
Como sucedió con los gasoductos, lo mejor será que las partes se pongan a negociar, ateniéndose a la vieja recomendación de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito.
Víctor Manuel Echeverría escribe: “Después de escucharte con el economista Arturo Huerta y el columnista Jesús Rangel, si bien tu programa trató sobre el tema económico, los monopolios y el control de la CFE (El asalto… miércoles y jueves en televisión), me voy a referir concretamente al uso de carbón, combustóleo y diesel que requieren los vetustos equipos de la Comisión. Cuando te preguntas qué está haciendo este gobierno al seguir con la planta de Dos Bocas, que va a refinar combustóleo y chapopote, o con reactivar las minas de carbón de Coahuila, ¿esto ayuda a nuestra economía o genera empleos, y a qué costo…?”.
Más allá de producir energía “sucia” o “limpia”, el ex secretario federal de Economía, Ildefonso Guajardo, acierta cuando dice que “se necesitan fuertes reguladores autónomos para poner en línea a los monopolios públicos y privados”.
Por esta razón, en el “parlamento abierto” virtual, recordó las obligaciones que tiene México para respetar las inversiones al amparo del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, entre otros (con la Unión Europea está pendiente de aprobación parlamentaria): “México se obliga a dar trato no discriminatorio a los inversionistas extranjeros; a tratarlos como a los inversionistas nacionales, porque el internacional tiene que cumplir con los esquemas reguladores del Estado. El color del dinero no importa cuando nos aseguramos que sea por el beneficio del consumidor y del emprendedor para un mejor desarrollo nacional”, dijo, y expresó su extrañeza por la ausencia en ese debate de la comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios Prieto (a quien, simplemente, los morenistas no invitaron sino hasta última hora).
Cabeza de la negociación del T-MEC, Guajardo sabe como pocos que lo mejor para las dos partes es ganar ganar, y no la estupidez de necear con tontería de vencer vencer…”.
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