En ese municipio, y en toda la entidad neolensa, han atado la sanidad de las finanzas —y la inversión en infraestructura— al cumplimiento puntual en el pago del predial
Hace cinco días, Monterrey recibió a dos integrantes del gabinete federal. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la audiencia pública sobre la reforma electoral, a la que acudió el gobernador emecista, Samuel García, para deslindarse públicamente de la propuesta de modificar la legislación local para que haya solo candidatas en el 2027.
En pausa, la reforma electoral en Nuevo León. García Sepúlveda se encargó personalmente de atender a la titular de Segob y se disculpó con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega, quien el pasado martes se reunión con funcionarios encargados de los registros de la propiedad y los catastros, quienes —bajo la anfitrionía regia— estuvieron en San Pedro Garza García.
En ese municipio, y en toda la entidad neolensa, han atado la sanidad de las finanzas —y la inversión en infraestructura— al cumplimiento puntual en el pago del predial. Un ejemplo atractivo para otras entidades, pero no resuelve la contradicción entre ambos sistemas y tampoco abona a la seguridad patrimonial.
Vega Rangel y la subsecretaria de Ordenamiento, Griselda Martínez, apuestan por un modelo más inclusivo, que permita aumentar la recaudación, pero que también amplié el catálogo de beneficios sociales. La modernización de los registros y los catastros cuenta con recursos federales y también, financiamiento internacional.
La Cuarta Transformación ya realizó un primer intento —trunco— de modernizar los catastros, en el 2020, cuando Román Meyer Falcón estuvo al frente de la Sedatu. Una tarea titánica, por el rezago histórico y la complejidad del sistema institucional, por la contradicción en la que operan los registros públicos de la propiedad y los catastros, que desde hace muchos años comparten una problemática generalizada: la información que custodian no siempre es congruente entre sí, no se encuentra actualizada por alguna de las partes, o bien carece de una vinculación adecuada respecto al mismo predio.
De acuerdo con datos registrados ante la Sedatu, actualmente existen en el país 50 organismos responsables de funciones registrales y/o catastrales: En una tercera parte del país existen 12 instituciones que integran ambas funciones; mientras que en 20 entidades hay 20 instituciones registrales y 18 catastrales, lo que suma un total de 38 organismos especializados que cubren de forma separada ambos sistemas.
Adicionalmente subsisten: la falta de infraestructura adecuada, los recursos presupuestales limitados, la ausencia de programas constantes de profesionalización y servicio público de carrera, así como un desarrollo desigual entre los institutos encargados de estas funciones.
El Segundo Piso de la 4T, empero, podría dar continuidad a un problema persistente: la falta de conducción de la política pública. En las últimas dos décadas, su diseño ha cambiado de manos cada sexenio: en el 2007 estaba bajo la égida de la Secretaría de Gobernación, pasó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y terminó en Sedesol. En el 2013 finalmente quedó a cargo de Sedatu… que en los últimos dos años ha destinado casi 200 millones de pesos para financiar la modernización de los sistemas locales.
Ahora, la pauta estará marcada por la Agencia para la Transformación Digital y Telecomunicaciones, cuyo personal —cuando quede completamente integrado y capacitado— resolverá otros problemas subsistentes: la obsolescencia tecnológica, el nulo desarrollo de sistemas y las escasa o inexistente capacitación del personal, adscrito a las tesorerías estatales y municipales.
Efectos secundarios
CÓNCLAVE. Más de 200 funcionarios de los 32 organismos públicos locales —entre presidencias, consejerías y secretarías ejecutivas— acudieron a la Ciudad de México para compartieron diagnósticos y propuestas clave para fortalecer los procesos electorales y nutrir los trabajos de la Comisión Presidencial para la reforma electoral. Para participar en los debates, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y sus compañeros, Norma Irene de la Cruz Magaña y Jorge Montaño Ventura. ¿Y el resto de las consejerías del INE? ¿Cuáles “asuntos más urgentes” tenían que resolver? El federalismo electoral se fortalece con hechos, no con palabras.
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