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La sorpresa general y la indignación de los afectados (por cierto, menos de 50 por ciento de los arrendatarios ha dado la cara) por el cateo de mil 500 cajas de seguridad incautadas y hurgadas por la Seido en Cancún se explica por un desafortunado equívoco: suponer que se trata de un servicio regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda.

Pero sucede que First National Security es una empresa mercantil, tan alejada del sector de préstamos, ahorros, inversiones, traslado y resguardo de valores como son las tiendas de abarrotes, bodegas para almacenar tiliches o lockers comunes en gimnasios, escuelas o aeropuertos.

De ahí que tal vez, en acatamiento a una orden judicial, ni la Seido ni la PGR se ocupen de informar ese importante detalle, en virtud de que para el Ministerio Público el operativo en Cancún es algo tan vulgar como el allanamiento de un almacén donde se sospecha que se guardan armas o drogas.

La percepción pública y las quejas de los arrendatarios en el sentido de que el cateo es una arbitrariedad se habrían evitado con solamente informar.

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