El gobierno de Sheinbaum parece no advertir que el problema dejó de ser penal para convertirse en geopolítico
Es muy desafortunado el argumento de la presidenta Sheinbaum para intentar justificar la negativa de apresamiento con fines de extradición de la prsunta banda de los diez de Rubén Rocha Moya.
Informó ayer que Estados Unidos ha negado a México 269 solicitudes de detención con similares fines, pero confunde peras con erizos.
Asume iguales a personas reclamadas por delitos vulgares y funcionarios o ex funcionarios acusados de crímenes que el gobierno solicitante cataloga como “terroristas”.
La diferencia es jurídica, política y estratégica, lo que modifica por completo el contexto de la exigencia.
No es lo mismo acusar a quien sea de peculado, evasión fiscal, asesinato, fraude o facturación apócrifa y narcomenudeo que de “terrorista”.
La dimensión cambia inclusive en el terreno diplomático, porque al incorporar esa etiqueta Estados Unidos convierte el asunto en prioridad de seguridad nacional y, guste o no a Sheinbaum, la clasificación altera los márgenes de tolerancia, negociación y cooperación entre ambos países.
Por eso son tan endebles los alegatos de “soberanía” y “reciprocidad”.
Llama la atención que Washington ha rechazado 269 solicitudes mexicanas (se antoja conocer los motivos precisos de cada negativa), pero usar esos expedientes para justificar la resistencia mexicana frente a los reclamos actuales equivale a una lógica perversa: si el vecino incumple la ley pero sigue impune, yo también puedo incumplirla.
Es el razonamiento infantil de quien pretende legitimar su conducta reproduciendo faltas ajenas.
Más delicado aún: el mensaje mexicano se produce en vísperas de la visita a México de tres figuras clave del gobierno de Trump: Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional; Sara Carter, directora de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas, y Jamieson Greer, representante comercial en las negociaciones del T-MEC (la agenda obvia es de temas de seguridad bilateral, cooperación en el combate al narco-terrorismo y negociaciones económicas).
Sheinbaum ha enfatizado que se trata de “coordinación con respeto a las soberanías”, pero la composición de la misión estadunidense envía un mensaje mucho más claro, sobre todo cuando a la producción de drogas como el fenrtanilo Estados Unidos la considera un “arma de destrucción masiva”.
Difícil imaginar peor momento para transmitir la impresión de que México relativiza acusaciones relacionadas con narcotráfico y terrorismo escudándose en agravios administrativo-penales de ocho años a la fecha.
Una cosa es exigir reciprocidad diplomática y otra minimizar la gravedad de acusaciones que involucran presuntas alianzas entre autoridades morenistas y organizaciones criminales.
El gobierno de Sheinbaum parece no advertir que el problema dejó de ser penal para convertirse en geopolítico.
Y cuando Washington mezcla narcotráfico con terrorismo, las reglas del juego cambian brutalmente.
Lo preocupante es que en Palacio no terminan de entenderlo…
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@CarlosMarin_soy
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