Lo novedoso ahora es la judicialización de importantes decisiones de gobierno, lo mismo de política social que del programa de obras y el gasto corriente
Con el triunfo rotundo de Andrés Manuel López Obrador en los comicios del año pasado se antoja superada la época en que para decidir victorias y derrotas pesaban más los votos de magistrados electorales que los depositados en las urnas.
Lo novedoso ahora es la judicialización de importantes decisiones de gobierno, lo mismo de política social que del programa de obras y el gasto corriente. ¿Ejemplos?: estancias infantiles, aeropuertos (el cancelado en Texcoco y el planeado en Santa Lucía) y la rebaja de salarios a servidores públicos.
De 9 mil 565 modestos pero dignos recintos en los que madres y padres de muy bajos ingresos habían podido confiar el cuidado y la formación inicial preescolar de sus hijos y a los que se canceló la entrega del presupuesto federal con que contaban para su operación, suman casi 600 los que han obtenido del Poder Judicial suspensiones provisionales a las demandas de amparo (existen al menos cuatro sentencias dictadas por Tribunales Colegiados de Circuito en el mismo sentido), lo que obliga a la Secretaría del Bienestar a restituir los apoyos que les entregaba el gobierno en 2018. Y aunque muchos otros procesos están en curso, los jueces de Chihuahua dictaron ya jurisprudencia, lo cual obliga a toda la jurisdicción del estado y a sus pares de Distrito en el país a privilegiar el constitucional interés superior de la infancia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, adicionalmente, acaba de emitir una recomendación solicitando a esa dependencia y a la Secretaría de Hacienda establecer un mecanismo de cuidado infantil que garantice los derechos violados y a restablecer el presupuesto con que contaba el año pasado el programa, a fin de garantizar la progresividad de los derechos que fueron vulnerados. A la fecha ninguna de las resoluciones ha sido acatada, pero todo indica que los secretarios implicados deberán enfrentar la justicia por desacato, lo que les puede acarrear desde sanciones económicas hasta carcelarias.
Ayer, el décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó una nueva suspensión del aeropuerto de Santa Lucía y la preservación de las obras cuya continuación fue cancelada en el de Texcoco. Esto quiere decir que lo construido no necesariamente quedará sumergido bajo agua, como contempla el proyecto de hacer en la zona un “parque ecológico” (El asalto… de ayer). Esta nueva orden judicial fue obtenida con motivo de 147 juicios de amparo que el colectivo #NoMásDerroches ha presentado para que se revise desde el punto de vista constitucional la legalidad de la anulación del NAIM y asegure que el proyecto en la base militar aérea de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios.
Y también ayer, la primera sala de la Suprema Corte ordenó restituir los salarios de 2018 a los empleados del Instituto Federal de Telecomunicaciones…
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