Medio millón más de dls por el caso Iguala

“El día 29 de enero el Estado mexicano transfirió a la CIDH la cantidad de 600 mil dólares estadounidenses por concepto de contribución voluntaria a favor de ese organismo interamericano para las labores relacionadas con el caso Ayotzinapa”, indica un documento del gobierno.

En el pasado sexenio, México le dio de nuestros impuestos a la CIDH dos millones de dólares con el mismo objetivo, pero sin resultados, porque su llamado Grupo de Expertos no estaba integrado por ningún experto, sino por políticos que vinieron a México a hacer grilla interna.

Por ejemplo, distorsionaron la pesquisa con una conclusión de aficionados, cuando su contratado peruano José Luis Torero, sin apoyarse en ninguna investigación científica, determinó que los 43 normalistas no fueron calcinados en Cocula.

Con una visita de 20 minutos en Cocula y unas fotos de Torero, la CIDH determinó que era imposible quemar allí 43 cuerpos, como concluyeron más de 100 peritos en fuego y estudios del Instituto de Biología de la UNAM, el Imperial College de Londres y la Oficina Forense de Norfolk.

Pues nuestros impuestos están pagando de nuevo a los expertos de la CIDH. A la solicitud de información 000050073719, de la reportera María Cabadas, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió que:

“El Estado Mexicano será el responsable de brindar apoyo económico a la CIDH para asegurar el financiamiento del mismo para cumplir con los objetivos de trabajo con la creación de un Grupo de Acompañamiento Técnico conformado por personal de la Secretaría Ejecutiva de ese organismo, así como por otros consultores especializados contratados, que el Mecanismo Especial de Cooperación y Asistencia Técnica considere pertinentes, entre ellos exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”.

Quiere decir que vienen los mismos expertos que ya se embolsaron dos millones de dólares sin dar resultados, como, por ejemplo:

—Ángela Buitrago, quien como Fiscal de Colombia encarceló injustamente ocho años a un coronel, con base en un único testigo que al final se retractó.

—El chileno Francisco Cox, quien aunque cobraba aquí se la vivía en Uganda, donde formaba parte de Victims’ Foundation para defender a un soldado acusado de secuestrar, violar y matar a miles de personas.

—Claudia Paz y Paz, acusada en Guatemala de usar su cargo como Fiscal General para encubrir la red de corrupción del expresidente Otto Pérez Molina, actualmente preso.

Y, sólo a ellos…

Seiscientos mil dólares.