El desafío para el gobierno estatal no será únicamente castigar responsables. También tendrá que demostrar que puede corregir los mecanismos de almacenamiento, distribución y supervisión para evitar que el desabasto conviva, irónicamente, con bodegas llenas de medicamentos vencidos
El nuevo escándalo por medicamentos caducos en hospitales públicos de Veracruz vuelve a poner sobre la mesa una de las heridas más sensibles del sistema de salud: el desabasto y la mala administración. Mientras cientos de familias hacen rifas, venden pertenencias o peregrinan entre farmacias para conseguir tratamientos, en bodegas oficiales terminaron vencidos casi un millón de pesos en medicamentos.
El caso más grave ocurrió en el Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa” (CECAN), donde la propia Secretaría de Salud de Veracruz reconoció la baja de 75 kilogramos de medicamentos caducados, con un valor superior a los 929 mil pesos. A ello se suman fármacos vencidos en el Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón” y el hallazgo de cajas almacenadas desde 2022 en el Hospital “Bernardo Peña” de San Andrés Tuxtla.
Más allá de las cifras, el problema revela algo todavía más delicado: una posible desconexión entre las necesidades reales de los hospitales y el control administrativo de los insumos médicos. Porque en Veracruz las historias de pacientes sin medicamentos no son nuevas. En hospitales públicos, familiares denuncian constantemente que deben comprar tratamientos, material quirúrgico o incluso medicinas básicas por cuenta propia. Por eso la indignación crece cuando salen a la luz imágenes de cajas arrumbadas, deterioradas y olvidadas hasta perder vigencia sanitaria.
La respuesta política tampoco pasó desapercibida. Desde el Congreso local, el diputado Esteban Bautista aseguró que ya existe un procedimiento contra funcionarios responsables de almacenes y directivos hospitalarios. El mensaje intenta marcar distancia con administraciones pasadas y sostener el discurso de que “no son iguales”. Sin embargo, para muchos ciudadanos el problema ya no es únicamente quién tiene la culpa, sino por qué continúan ocurriendo situaciones que afectan directamente la atención médica.
El tema también exhibe un viejo problema estructural: la falta de transparencia en la cadena de distribución de medicamentos. Los documentos oficiales no especifican qué fármacos vencieron, si eran oncológicos, antibióticos o especializados, ni por qué permanecieron almacenados tanto tiempo. Tampoco se sabe si hubo errores de cálculo en las compras, fallas logísticas o simple negligencia administrativa.
En un Estado donde miles de personas dependen exclusivamente del sistema público de salud, dejar caducar medicamentos no es solamente una pérdida económica. Es una señal de desorden institucional y, para muchas familias, una bofetada moral. Especialmente cuando se trata de tratamientos contra el cáncer, enfermedad donde el tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
El desafío para el gobierno estatal no será únicamente castigar responsables. También tendrá que demostrar que puede corregir los mecanismos de almacenamiento, distribución y supervisión para evitar que el desabasto conviva, irónicamente, con bodegas llenas de medicamentos vencidos.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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