El caso, mi general, es que la violencia político-electoral llegó para quedarse en nuestro país y peor que se pondrá rumbo al 2027 si el Gabinete de Seguridad no toma cartas en el asunto y pronto. No queremos más alcaldes muertos
GRAL. RICARDO TREVILLA TREJO,
SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL:
Con gran sorpresa me enteré del diferendo que usted mantiene con Paola Gárate, diputada local de Sinaloa, quien mejor ya abandonó su estado después de que alguien le mandara una corona fúnebre a su domicilio. El diferendo es porque usted, mi general, le pidió que levantara la denuncia correspondiente en la Fiscalía estatal y ella afirma haberlo hecho en su oportunidad, pues no es la primera amenaza o hecho violento que sufre; recordemos que en la elecciones de 2021 fue secuestrada por varias horas. La discrepancia también obedece a que el apoyo en seguridad que se le ha ofrecido es para cuando acuda a eventos y actividades oficiales.
“Yo no dejo de ser representante popular cuando salgo de una sesión,” respondió doña Paola. “No dejo de ser legisladora cuando camino una colonia, cuando visito una comunidad, cuando atiendo a una madre, a un joven, a una familia o cuando regreso a mi casa”. Y pues no.
Otro lamentabilísimo hecho fue el asesinato del alcalde de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo, perpetrado justo cuando salía de su casa. Tampoco fue la primera agresión sufrida. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, inmediatamente declaró que no permitiría “que la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de nuestras comunidades. Reitero mi compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con las instituciones estatales y federales para preservar la paz”, bla, bla, bla y más bla. Doble contra sencillo de que el crimen queda impune.
Con este último homicidio ya suman 11 alcaldes asesinados que solo engrosaron la gran cantidad de eventos político-electorales violentos, de los cuales organizaciones como la Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) llevan un conteo.
Si usted ingresa al sitio web de ACLED encontrará un mapamundi en el cual los países están coloreados según el nivel de violencia en contra de funcionarios locales que hayan presentado en 2025. La escala de color va del rojo intenso para los más conflictivos hasta el azul cielo para los países en paz.
¡Adivinó usted! México está marcado con rojo intenso; de hecho, es el país con mayor número de hechos violentos (324), ocupando este lastimoso primer lugar por tercera ocasión consecutiva. Nuestro país es seguido a distancia por India (209) y Myanmar (186). Solo como comparativo latinoamericano, Colombia sufrió 100 eventos y Brasil 81.
Integralia Consultores tiene una cifra todavía mayor para México: 382 agresiones contra funcionarios. “El 2025 confirma que la violencia político-electoral no depende exclusivamente del calendario electoral: aunque no fue un año electoral típico (salvo la elección judicial y de ayuntamientos en dos entidades), se registraron 382 casos de violencia política, el segundo nivel más alto desde 2018. El incremento de 383.5% frente a 2019 sugiere que la violencia política se ha desvinculado parcialmente de los ciclos electorales”, indica Integralia en su reporte sobre 2025.
Si se produjera un mapa de la incidencia de agresiones a funcionarios nos encontraríamos con que hay ciertos patrones que se repiten en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla y Guanajuato, estados donde se registraron el mayor número de casos. De hecho, la violencia política es más frecuente en territorios con alta fragmentación criminal y debilidad institucional. Los alcaldes son el eslabón más débil de la cadena, pues acumulan el 79.3% de los casos registrados.
La delincuencia sin duda busca cooptar a los alcaldes para la hacerse de los recursos públicos y las direcciones de seguridad y obras públicas, así como garantizar la impunidad y facilitar sus operaciones. Sin embargo, la geografía y la frecuencia de la violencia político-electoral indican que la variable control territorial está teniendo mucho más peso y se da en cualquier momento. Es decir, la delincuencia organizada agrede durante las campañas o ya cuando el alcalde está en el ejercicio de la función pública, según sean sus “requerimientos”.
Para colmo de males, las agresiones son cada vez más letales. De los 382 eventos ocurridos el año pasado, la mitad fueron asesinatos, seguido por amenazas (96) y atentados (50).
Aun cuando lo más lógico es culpar al crimen organizado, no siempre es el culpable. Tanto Integralia como ACLED coinciden en que las rivalidades políticas también pueden generar que un actor político busque eliminar a sus rivales de mala manera y, con el nivel de impunidad que hay en el país, pues no resultaría una táctica riesgosa para hacerse del poder.
El caso, mi general, es que la violencia político-electoral llegó para quedarse en nuestro país y peor que se pondrá rumbo al 2027 si el Gabinete de Seguridad no toma cartas en el asunto y pronto. No queremos más alcaldes muertos.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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