Con lo cual regresamos al valor de instituciones de transparencia como el INAI, al que la Corte le ha devuelto la capacidad de sesionar
La Corte se vio firme y clara en el caso del INAI, pero también en el caso de los nuevos libros de texto que, sin haber cumplido con los procedimientos legales, mandaron a la imprenta y andan ya repartidos, como hecho cumplido, por las escuelas de la República.
Entre las quejas que llegaron a la Corte sobre los libros, estuvieron las de los estados de Chihuahua y Coahuila, sobre la previa determinación de un juez que había declarado ilegales los libros, en respuesta a una querella de la Unión de Padres de Familia.
Los estados acudían al criterio de la Corte porque, del otro lado, como autoridades, estaban obligados a colaborar en el proceso de distribución de los libros.
El ministro Luis María Aguilar autorizó a los estados a no distribuir los libros, con fundamento en la ilegalidad de todo el proceso.
La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. Acusó al ministro de corrupto, imputándole una supuesta complicidad para facilitar la evasión de impuestos de una empresa.
Ha sido el tono de Palacio contra la Corte en los últimos meses, pero las invectivas lejos de amedrentar a los ministros, parecen afirmarlos en su decisión de rigor.
Poco a poco la Corte ha ido apareciendo como la cabeza confiable de lo que es, un poder autónomo, que juega en su terreno y no se deja llevar al ruedo político por las provocaciones del poder vecino.
Son poderes literalmente vecinos. Tienen sus sedes en la misma manzana. Vecinos pero no mezclados, dirán los ministros: Good fences make good neighbors (“Buenas cercas hacen buenos vecinos”).
La Corte resolvió otro asunto importante al definir que los ingenieros militares que participaron en la construcción del AIFA están obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, igual que todos los funcionarios públicos.
El criterio adelanta una definición más genérica respecto de la obligación de transparencia de militares en tareas del gobierno civil.
Deberían quedar obligados por las mismas normas que el resto de los funcionarios civiles, entre ellas presentar sus declaraciones patrimoniales.
Con lo cual regresamos al valor de instituciones de transparencia como el INAI, al que la Corte le ha devuelto la capacidad de sesionar.
La Corte va.
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