Jesús George Zamora llegó al INE hace 15 meses bajo el estigma de ser mexiquense y cercano al GAP, el poderoso grupo político encabezado por los morenistas Higinio Martínez y Horacio Duarte
Jesús George Zamora llegó al INE hace 15 meses bajo el estigma de ser mexiquense y cercano al GAP, el poderoso grupo político encabezado por los morenistas Higinio Martínez y Horacio Duarte. Abogado tlaxcalteca, formado en la PGR y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, llegó a Toluca en octubre del 2008, cuando fue designado como director ejecutivo de organización electoral en el IEEM.
Allí pasó siete años. Y en el 2017 llegó al INE, como asesor de Duarte Olivares, representante de Morena ante el Consejo General. Su intención de convertirse en el fiscalizador de las autoridades electorales estuvo respaldada por el rector de El Colegio de Veracruz, Eugenio Vásquez Muñoz.
George Zamora propuso –en el ensayo que presentó ante el comité evaluador de la Cámara de Diputados– mejorar los mecanismos de rendición de cuentas al interior del INE y ejercer a plenitud las facultades investigadoras y sancionatorias del Órgano Interno de Control, en el contexto del naciente Sistema Nacional Anticorrupción.
Horacio Duarte no estaba en San Lázaro cuando ocurrió la elección del nuevo contralor del INE; llevaba seis meses como subsecretario del Trabajo. La mayoría morenista respaldó la propuesta de George Zamora, quien luego de asumir su cargo, marcó la tónica de su gestión con su intención de forzar a los consejeros electorales a ceñirse a las políticas de austeridad salarial implantadas por el Ejecutivo federal. El entonces consejero Benito Nacif ya había tramitado un amparo para esquivar la reducción de percepciones y otros cinco integrantes del Consejo General siguieron sus pasos.
En ciernes estaba la solicitud de presupuesto que presentaría el presidente consejero, Lorenzo Córdova, ante la Secretaría de Hacienda. La Dirección Ejecutiva de Administración, a cargo de Bogart Cristóbal Montiel, propuso reducir gastos incluso en áreas sustantivas y afectaciones al capítulo 1000 –servicios personales–, sin variar la política salarial para mandos medios y superiores.
Era agosto del 2019. Al tiempo que el OIC quería implantar la austeridad en el INE, comenzaron las auditorías y producto de esas tareas de revisión se dio trámite a la denuncia por la asignación presuntamente irregular de un contrato para la prestación del servicio de alimentos.
Montiel Reyna llegó al INE en 2014 y entonces era el funcionario más joven dentro de la Junta General Ejecutiva. Ayer 8 de septiembre, trascendió de la audiencia de vinculación a proceso –junto con otros tres integrantes de la Dirección Ejecutiva de Administración–, por la acción de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ante un juez de control. Pero seguirán en funciones, mientras corre un plazo de seis meses para verificar si las imputaciones tienen lugar.
“Mientras tanto, priva la presunción de inocencia de los funcionarios”, insistió el INE en un comunicado donde reconoció que el OIC no ha informado si la investigación sobre el caso ha concluido y si hay lugar a alguna responsabilidad administrativa.
Montiel Reyna no es el único integrante de la Junta General Ejecutiva que enfrenta cuestionamientos públicos. Allí están las quejas contra Patricio Ballados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, por presuntas omisiones en la validación del registro de las asociaciones que buscan convertirse en partidos.
La más reciente está sustentada por César Augusto Santiago, presidente de la Fundación Alternativa, quien responsabiliza al funcionario electoral de haber “rasurado” 63 mil 628 afiliados de la organización, de los cuales 5 mil 286 se contaban entre los asistentes a las asambleas distritales cuya realización trataron de validar ante el INE, en cumplimiento a los requisitos.
Negado su registro, Santiago anunció que acudirá ante el Tribunal Electoral para quejarse del fallo del Consejo General. Y también presentará una denuncia ante el OIC del INE por la operación “obsoleta y mañosa” del sistema de registro de la DEPPP. “Hay que investigar las bases de datos, los contratos, el método de las actas que no conducen a nada, el gigantismo burocrático y las duplicidades”.
Efectos secundarios
PINCELADAS. Apenas si recibió la autorización médica, tras de estar en aislamiento como paciente asintomático de Covid-19, el exdiputado federal Emilio Ulloa acudió al INE para registrarse como candidato a la secretaría general de Morena. Al cierre de esta etapa, una veintena de militantes de esa formación izquierdista había cumplido con esta peculiar autopostulación; Yeidckol Polevnsky, Porfirio Muñoz Ledo y Gibrán Ramírez se sumaron a Mario Delgado, en pos de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. La encuesta mandatada por el Tribunal Electoral para definir al próximo líder partidista será levantada por Ulises Beltrán, Francisco Abundis y Andrés Levy Covarrubias; pero ante el cúmulo de inscritos, el INE tendrá que hacer una ronda previa, con otro grupo de encuestadoras, aunque solo dos –Demotecnia y Mendoza Blanco– cumplían con los requisitos.
¿DESIDIOSOS? Un sondeo levantado por las socias de Meraki entre medios de comunicación revela que solo 20% de los consumidores de la información proporcionada por las autoridades sanitarias durante la pandemia la consideran muy confiable, mientras que 25% la catalogó como nada confiable. A 101 días de la nueva normalidad y casi seis meses con 193 conferencias diarias desde Palacio Nacional, 61% opinó que la información emitida por el gobierno federal en materia de salud había empeorado en este periodo y 56% consideró que las vespertinas del doctor Gatell y su equipo perdieron relevancia informativa para sus audiencias.
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