Magistrados pasados de lanza

Resulta que el área administrativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pasándose, por el arco del triunfo, las normas que para la adquisición de vehículos tiene la dependencia, cuyo tope es de 600 mil pesos por vehículo con todo y el IVA, compró cinco camionetas con valor de 4 millones y medio de pesos. Cuando un simple ciudadano como yo se entera de lo anterior, se convierte en ciudadano común y corriente —en este caso muy corriente— y dice para sí: ¡Ah chingao, qué poca madre tienen estos cabrones!

Perdonarán ustedes el lenguaje grosero que hoy estoy empleando pero es que la buena educación se revela ante el tremendo gasto que para su comodidad y a pesar de la crisis económica que vivimos realizaron las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF por sus siglas) (OJT por sus gastos).

El tema es indignante y troca mi lenguaje en el de un carretonero —se les suplica a los castos oídos (o mejor dicho ojos) dejar la lectura de la columna de hoy porque va a estar bien cabrona—. El caso es que las magistradas y los magistrados del susodicho tribunal se sirvieron con la cuchara grande y, según el reportaje de Carina García para El Universal, rebasaron el techo de gasto permitido por los Lineamientos para la Asignación, Uso y Control de Vehículos y Cajones de Estacionamiento, dándole una vuelta a la normatividad, pretextando que “no son vehículos para apoyo al cargo”, como son expertos en la aplicación de leyes y reglamentos se saben todas las trampas para violarlas y transgredirlos.

El razonamiento que apoya la irracional e irresponsable compra es que el organismo adquirió dos Chevrolet Suburban de un millón 36 mil pesos cada una y dos Tahoe de 897 mil pesos, así como una Acadia de 679 mil pesos que se les proporcionaron a los servidores públicos de mando superior “para coadyuvar al mejor desempeño de sus funciones y al cumplimiento de sus responsabilidades”. Así pues, amiguitos, por órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el concepto: proporcionarle una camioneta a un mando superior “para coadyuvar al mejor desempeño de sus funciones y al cumplimiento de sus responsabilidades”, de ninguna manera puede ser interpretado como un vehículo que se le da “para apoyo al cargo”. Háganme el cabrón favor.

Entre las características que implica el precitado y vuelto a citar concepto de “para coadyuvar al mejor desempeño de sus funciones y al cumplimiento de sus responsabilidades” están el uso de tiempo completo, es decir, podrán usarse en días de trabajo y de descanso y podrán pernoctar fuera de las instalaciones. ¡Carajo, sólo falta endosarles la factura!

Antes de iniciar este párrafo pienso en lo último que escribí y deduzco que no les conviene que se les endose la factura, porque siendo suyos los vehículos, se privarían de que el erario les pague el chofer, los emplacamientos, las tenencias, las verificaciones, las pólizas de seguro y el deducible de éste, los suministros de combustible y lubricantes y el mantenimiento preventivo. ¡Qué poca madre!

Sueldos y prestaciones

Al darle seguimiento al caso, leí en el periódico ya citado la nota principal que firmaron Carina García y Misael Zavala, donde denuncian o, más bien, confirman, la manera en que los magistrados del TEPJF joden a México infringiendo la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece que ningún servidor público debe tener una remuneración o retribución, mayor a la establecida para el presidente de la República.

A través de gratificaciones, estímulos y prestaciones, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación percibirán en el 2017, 4 millones 564 mil pesos, cada uno, libres de impuestos. Mientras que el presidente Enrique Peña Nieto tendrá ingresos por 2 millones 249 mil 308 pesos con 75 centavos.

A pesar de vulnerar la ley al percibir el doble de lo que recibe el Primer Mandatario de la nación, las magistradas y los magistrados tienen beneficios previstos en la ley como vacaciones, prima vacacional, prestaciones de seguridad social y otros como tener tres seguros: de vida institucional, de gastos médicos mayores y de separación individualizado. Además gozan de otros apoyos entre los que destacan: apoyo económico para anteojos —pese a que se hacen de la vista gorda cuando les conviene—, prestaciones “en beneficio de la economía”, para “mejorar la calidad de vida individual o familiar”, para “fomentar la cultura del ahorro”, ayuda de gastos funerarios, estímulos por antigüedad, por jubilación, licencia prejubilatoria, despensa, ayuda por jornadas electorales —¿cómo? Se les da un extra por hacer su chamba—. De plano ya ni la chingan.

Lectora, lector, según las últimas mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en México existen poco más de 55 millones de pobres; el 46.2% de la población tiene un ingreso por debajo de la línea de bienestar —2,542 pesos al mes en las zonas urbanas y 1,164 en el campo—. En este contexto, ¿no es una forma de corrupción los inmerecidos privilegios de estos sedicentes servidores públicos?

Saque usted su conclusión y si ésta coincide con la mía, en su fuero interno, miénteles la madre, se lo merecen.