El problema de la venta de bebidas adulteradas ya traspasó la frontera y llamó la atención del Departamento de Estado de Estados Unidos Es de un nivel de estupidez incomprensible que esos prestadores de servicios turísticos que pueden comprar bebidas alcohólicas a una fracción del precio en el que las pueden vender a los turistas … Continued
El problema de la venta de bebidas adulteradas ya traspasó la frontera y llamó la atención del Departamento de Estado de Estados Unidos
Es de un nivel de estupidez incomprensible que esos prestadores de servicios turísticos que pueden comprar bebidas alcohólicas a una fracción del precio en el que las pueden vender a los turistas opten por comprar al crimen organizado bebidas adulteradas.
El problema de los venenos etílicos ya traspasó la frontera y llamó la atención del Departamento de Estado de Estados Unidos y advirtió que viajar a México es peligroso, además de la inseguridad pública, por la distribución de esos licores adulterados.
La historia que trascendió y se documentó en aquel país fue la de una joven turista de 20 años, Abbey Connor, quien murió por el consumo de alcohol adulterado en Playa del Carmen, Quintana Roo.
El hermano de esta joven también presentó síntomas de intoxicación por la misma causa y las autoridades lograron documentar casi medio centenar de casos similares.
El tema es que estos envenenamientos no se dieron en turistas que tomaron cócteles a la orilla de una carretera perdida en la selva de la Riviera Maya, sino que consumieron estas bebidas en los bares de múltiples hoteles del concepto de todo incluido.
Esos resorts que se venden en los más populares sitios de reservas de Internet del mundo, que presumen fotos espectaculares de sus instalaciones, que lucen muchas estrellas y toda clase de distintivos, que cobran sus tarifas en dólares, distribuyen veneno a sus clientes.
Acto seguido, la autoridad estadounidense no va a hacer una lista negra de cuáles son esos hoteles corruptos, tampoco será tan específico para delimitar el territorio de la Riviera Maya donde ocurre, simplemente advertirá del peligro de morir por tomar alcohol en México.
La primera interesada y ocupada en este tema debería ser la Secretaría de Turismo. Un acuerdo urgente del secretario Enrique de la Madrid con el presidente Peña Nieto para que se ordene a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a la gendarmería y hasta al ejército que de inmediato se verifiquen todas las bebidas alcohólicas que se distribuyen en esa zona del caribe y en todas las áreas turísticas del país.
El Departamento de Estado estadounidense regresa el tema a los reflectores, pero no es nada nuevo en México. En este país la producción, distribución y venta de estos líquidos peligrosos son uno de los negocios más rentables de las organizaciones del crimen organizado.
No es un hecho aislado o anecdótico. La industria formal del mercado de vinos y licores en México calcula que cuatro de cada 10 botellas son adulteradas. Y como somos un país que no le hace el feo al alcohol, serían más de 150 millones de litros de bebidas alcohólicas destiladas en el mercado informal.
Tal nivel de envenenamiento de la población de un país debería ser un asunto de seguridad nacional. Pero no, todo queda en convenios fallidos de la Profeco con los productores legales, en una lluvia de cifras y datos de la Cofepris y en el eterno señalamiento de que las autoridades llegarán hasta el fondo, caiga quien caiga.
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