En términos institucionales, es el diseño de una concentración del poder como no hemos visto en México, ni en los tiempos de Porfirio Díaz
Tiene razón Leo Zuckermann cuando dice que la candidata Claudia Sheinbaum no dejó nada a la imaginación sobre lo que hará si toma el gobierno.
Hará todo lo que el actual presidente ha trazado para ella. Si Sheinbaum gana y cumple los “Cien pasos para la transformación”, anunciados en su discurso del 1 de marzo, tendremos un país muy distinto al de hoy.
Será un país que elige a sus consejeros y magistrados electorales por voto directo, no por su calidad, conocimiento e independencia.
Serán árbitros y magistrados partidistas escogidos por los partidos políticos, en particular por el partido mayoritario.
Lo mismo sucederá con los jueces, los magistrados del Poder Judicial y los ministros de la Suprema Corte. Serán elegidos por los partidos y el gobierno para proteger los intereses de gobierno y partidos, no los derechos de los ciudadanos establecidos en la ley.
En el país esbozado por Claudia Sheinbaum no habrá órganos autónomos. Con excepción del Banco de México, pasarán a ser dependencias del gobierno instituciones que hoy lo vigilan y equilibran, como el INE, la CNDH, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el IFT, la Comisión Federal de Competencia.
Consumada la transformación, habrán desaparecido los legisladores de representación proporcional. Todos serán de mayoría.
Tendremos un Congreso dominado siempre por el partido mayoritario, con una restricción sustantiva de la representación de las minorías y de la pluralidad del país.
Un país donde se podrán hacer cambios fundamentales, entre ellos deponer al presidente mediante consultas donde participe sólo 30 por ciento de la población.
En términos institucionales, es el diseño de una concentración del poder como no hemos visto en México, ni en los tiempos de Porfirio Díaz.
Concluye Zuckermann:
“Quieren todo el poder. El control sin contrapesos del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El dominio sobre el INE y TEPJF. La desaparición de los órganos autónomos del Estado para pasar sus funciones al Ejecutivo federal. La posibilidad de tomar decisiones fundamentales por medio de consultas populares con una votación raquítica de 30 por ciento del electorado. La facultad de remover a un presidente con este mismo porcentaje mínimo de votación. Y el enorme poder de reformar la Constitución a su antojo” (Excélsior, 4/3/24).
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