Los partidos políticos fueron invisibilizados por la catástrofe. La emergencia sísmica los borró de la escena. Nada pudieron hacer para volver a ella, sino tratar de volverse donantes del dinero público que reciben por ley, cosa prohibida por la Constitución. El disparo de salida en esa carrera lo dio Andrés Manuel López Obrador, quien dijo … Continued
Los partidos políticos fueron invisibilizados por la catástrofe. La emergencia sísmica los borró de la escena. Nada pudieron hacer para volver a ella, sino tratar de volverse donantes del dinero público que reciben por ley, cosa prohibida por la Constitución.
El disparo de salida en esa carrera lo dio Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que Morena donaría parte de sus ingresos al efecto. Tras él se fueron los demás partidos diciendo que estaban también dispuestos a donar.
El salto cuántico de la carrera lo dio el PRI, que propuso suspender el financiamiento público de los partidos.
Institucionalmente hablando, para efectos de la reconstrucción de los sismos, todas estas son propuestas ilegales. Políticamente, son un boomerang, una forma de quitarse la ropa y quedar desnudos, por propia mano, ante la opinión pública.
La carrera dadivosa desnuda, en primerísimo lugar, el hecho de que no estuvieron donde debían desde el primer momento de la catástrofe: con la gente, con los rescatistas, del lado de los damnificados, acicateando y vigilando a los gobiernos.
No movilizaron a sus legisladores, ni a sus militantes y simpatizantes, no estuvieron presentes como cuerpos políticos organizados en los momentos de emergencia de su sociedad.
Solo se les ocurrió ofrecer un dinero que la Constitución les prohíbe usar para otra cosa que no sean tareas electorales. Se les ocurrió una ilegalidad.
La segunda quitada de ropa es que el dinero público que reciben no solo es exorbitante, sino que tampoco lo necesitan, al menos en las proporciones que están dispuestos a donar.
La aventura donataria toca uno de los pilares, si no el pilar mayor, del edificio de la democracia mexicana. A saber: que el financiamiento de los partidos debe ser público para garantizar que no sean comprados por el dinero privado o por el crimen.
Cuando los partidos dicen que pueden prescindir de todo el dinero que reciben, o de una parte sustantiva de él, quizá están diciendo la verdad mayor: que no viven de ese dinero asignado constitucionalmente, sino de otro, ilegal, frente al cual lo recibido por mandato de ley es una demasía prescindible.
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