Pero la degradada Sala Superior, de madrugada y ocultando cómo fue la votación, sale con la batea de babas de ir contra sus propias resoluciones
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se convirtió la noche del miércoles en un cuartucho inferior al permitir, contra lo que dice la Constitución, que el Presidente intervenga en las elecciones del próximo junio.
El inapelable fallo (delirante que no pueda revisarlo la dizque Suprema Corte de Justicia de la Nación) fue aprobado por tres votos contra dos.
Contra la opinión de José Luis Vargas, Indalfer Infante y Mónica Soto, los derrotados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis honraron su condición de magistrados al rechazar la expedición de una peligrosa licencia de intromisión presidencial en las campañas políticas.
Se sabe que cuando a una orden le sigue una contraorden el único resultado es el desorden, y en el fallo impuesto por el sectario trío de bribones resalta la paradoja de que fue el propio Tribunal quien ordenó al Instituto Nacional Electoral emitir lineamientos inhibitorios de expresiones intrusivas en las conferencias mañaneras. En consecuencia, el INE llamó al Poder Ejecutivo de los tres niveles de gobierno a “abstenerse de abordar temas relacionados con el ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos (financiamiento público y acceso a radio y televisión); vida interna de los partidos políticos nacionales y locales; candidaturas de partidos políticos e independientes (registro, postulación, entre otros); cargos de elección federal y local; etapas del proceso electoral federal y locales; frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales; plataformas electorales; campañas electorales; estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local, así como a encuestas de intención de voto o preferencias electorales”.
Pero la degradada Sala Superior, de madrugada y ocultando cómo fue la votación, sale con la batea de babas de ir contra sus propias resoluciones.
La prohibición de que el gobierno se inmiscuya en las elecciones parte de la reforma legal que motivaron las intromisiones de Vicente Fox en la contienda de 2006 y llevaron al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador a gritar “¡Ya cállate chachalaca!”.
El juego de los leguleyos Vargas, Infante y Soto es descaradamente faccioso, cuatroteista y, sobre todo, marrano. Su pretexto para permitirle al Presidente meterse en las elecciones es que el INE extendió su criterio a los gobernadores y alcaldes. De esto se agarró la trinca para echar atrás los lineamientos que ella misma ordenó aprobar porque, marrulla, arguye que hacer extensivo el criterio a otros servidores públicos fue excesivo.
De tener razón, hubiera bastado con que se confirmaran las reglas para el Presidente y se dejara sin efectos para los demás, pero maromeó y reculó para permitir a López Obrador ser el protagonista indiscutible de la contienda electoral.
En otras palabras: pese a que la Constitución sigue vigente, el Presidente se la brinca y el Tribunal Electoral lo avala. Algo como eso le habría dado el triunfo a Trump.
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