Con la cancelación de las instituciones autónomas constitucionales de transparencia y acceso a la información pública, durante el gobierno de López Obrador, es de celebrar que Pemex sí tenga que informarle a Estados Unidos
Es buena noticia para la transparencia de la información que, por un acuerdo estratégico bilateral en un rubro sensible como el petróleo, el gobierno deba informar de manera veraz a EU sobre el comportamiento de Pemex.
El informe más reciente a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), admite que continúa el “huachicol fiscal”, ese eufemismo que explica el negocio de traer gasolina y diésel del extranjero, y hacerlo pasar como aceite para no pagar IEPS.
Se trata de un enjuague que deja 177 mil millones de pesos al año, a quienes poseen la capacidad económica para comprar el combustible, y el poder político y de control de la policía y las aduanas para meterlo al país y distribuirlo en las gasolineras.
La información de Pemex a la SEC ya provocó que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Eximbank) le cancelara un crédito de 800 millones de dólares, porque detectó que Pemex le donaba petróleo a Cuba.
El crudo mexicano enviado a la isla estaba destinado a proyectos de exploración y producción en México, con lo cual el gobierno mexicano violó sanciones de la Ley Helms-Burton, impuesta en 1996, porque Cuba derribó dos avionetas de activistas estadounidenses.
Para impedir otro castigo de EU, el gobierno mexicano relevó a Pemex en el envío de crudo a Cuba, y creó la subsidiaria Gasolinas Bienestar, que no entra en los acuerdo con la SEC, ni cuenta con supervisión de las leyes de EU, como si lo está Pemex.
Y es muy revelador el informe más reciente de Pemex a la SEC, porque explica que el robo de combustibles afecta su operación, provoca pérdidas económicas y crea riesgos de seguridad por las tomas clandestinas, que pueden causar incendios y explosiones.
Para dar resultados notables, falta largo tramo por recorrer a la cruzada del gobierno mexicano contra el huachicol. El informe dice que “no ha producido mejoras sostenidas”, pues se detectaron 25 mil tomas clandestinas, lo cual interrumpe las operaciones.
El informe de Pemex a la SEC refuerza la pregunta de los 64 mil pesos: ¿Quienes poseen la capacidad económica para comprar el combustible, y el poder político y de control de la policía y las aduanas para meterlo al país y distribuirlo en las gasolineras?
Sí, porque Pemex advierte la participación de empleados y funcionarios en el huachicol. El propio Omar García, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ya anunció la detención de directivos de empresas y funcionarios públicos.
Con la cancelación de las instituciones autónomas constitucionales de transparencia y acceso a la información pública, durante el gobierno de López Obrador, es de celebrar que Pemex sí tenga que informarle a Estados Unidos.
Del lobo, un pelo.
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