Nadie colaboró tanto a la incredulidad pública sobre el caso Colosio como dos de sus fiscales: Miguel Montes y Pablo Chapa Bezanilla
Nadie colaboró tanto a la incredulidad pública sobre el caso Colosio como dos de sus fiscales: Miguel Montes y Pablo Chapa Bezanilla.
Montes fue nombrado fiscal el 28 de marzo de 1994. El 4 de abril dio una conferencia de prensa diciendo que había descubierto el complot que la gente esperaba.
Sus autores, dijo, eran los miembros del grupo Tucán, una red de policías retirados a los que el PRI usaba como elementos de seguridad en la campaña.
Analizando el video del atentado, Montes descubrió un siniestro ballet mediante el cual los Tucanes conducían a Colosio al lugar donde Aburto iba a dispararle.
Expertos españoles en leer los labios dieron fe de que los Tucanes se hablaban entre ellos dándose instrucciones.
La hipótesis del asesino solitario, concluyó Montes, era insostenible.
La versión del fiscal se derrumbó en unos días ante los cuestionamientos de la prensa y las impugnaciones legales de los acusados.
El fiscal Montes siguió con sus investigaciones. El 14 de julio difundió sus nuevos hallazgos. Esta vez su conclusión fue la contraria: se trataba evidentemente de un caso de asesino solitario. La hipótesis del complot era insostenible.
Montes fue relevado de su cargo en un clima de repudio y descrédito que alcanzó por momentos las dimensiones de un linchamiento moral.
En su lugar fue nombrada una alta funcionaria de la Procuraduría, Olga Islas de González Mariscal, una mujer serena y sensata que se dedicó, primero, a ordenar lo que para entonces era un desordenadísimo expediente; segundo, a establecer las líneas de investigación que el propio expediente sugería; tercero, a interrogar a Mario Aburto con el fin de formular debidamente la acusación de homicidio, para obtener una sentencia inobjetable.
Islas ordenó el expediente, despejó 23 de las 37 líneas de investigación que se había fijado y consiguió una sentencia por homicidio para Aburto con cárcel por 45 años.
En noviembre de 1994, Islas entregó el expediente y el caso a los responsables de la Procuraduría del nuevo gobierno.
El nuevo presidente, Ernesto Zedillo, nombró procurador a un panista, Antonio Lozano Gracia, y este encargó el caso Colosio al subprocurador Pablo Chapa Bezanilla.
Entonces, la tragicomedia empezó de nuevo.
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