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Los cálculos son conservadores: en la próxima década, 1.8 millones de inmigrantes indocumentados podrían internarse ilegalmente en Estados Unidos. En ese periodo, si el presidente Donald Trump tapiara la frontera con México, entre 160,000 y 200,000 personas ya no tendrían éxito en su intentona. Y para la administración federal ese hito representaría ahorros fiscales que van entre 12,000 y 15,000 millones de dólares.

Ayer, en Otay mesa, Trump vio distintos modelos del muro. ¿Cuánto costaría y México pagaría por esa edificación? El costo del sistema de barreras, cercas y muros que correría a lo largo del río Bravo está supeditado al sistema que resulte ganador del concurso de obra pública convocado por el Department of Homeland Security. El senador republicano, Mitch McConnell, líder de su bancada, fue quien adelantó que el Congreso asignaría entre 12,000 y 15,000 millones de dólares para el muro, aunque no precisó el lapso de ese financiamiento.

Trump viajó a San Diego para retomar su agenda de seguridad fronteriza y calculó que la edificación requerirá de 18,000 millones de dólares, mismos que se amortizarían con la reducción del contrabando de drogas e inmigrantes ilegales, cuya atención desvía recursos federales. Esto último —refirió— es la conclusión de un estudio elaborado por el Center for Immigration Studies.

“Si no tenemos un sistema de muros, no vamos a tener un país”, tuiteó el mandatario estadounidense desde aquella ciudad fronteriza con Tijuana. “el Congreso debe financiarlo y prohibir las subvenciones a las ciudades santuario que amenazan la seguridad y al pueblo de nuestro país. ¡Debemos hacer cumplir nuestras leyes y proteger a nuestra gente!”.

El estudio comenzó a divulgarse hace un mes, en el sitio web del think tank, y fue elaborado por Steven A. Camarota, quien después de analizar estimaciones elaboradas por la National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NAS), sostuvo que los ahorros fiscales de tener menos inmigrantes ilegales en Estados Unidos permitirían cubrir los costos del muro. Según esos datos, los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera crean una carga fiscal promedio de aproximadamente 74,722 dólares durante toda su vida. Este cálculo excluye cualquier costo derivado de sus hijos nacidos en la Unión Americana.

Los servicios educativos, principalmente, son los que se ven reflejados en las estimaciones de la carga fiscal de la inmigración ilegal —“la mayoría no ha completado el bachillerato o tiene sólo preparatoria”, describe el investigador— y vuele a citar al NAS para referir que si se incluyen a los descendientes de los inmigrantes, el derrame fiscal crece a 94,391 por persona.

Camarota también retoma una reciente investigación de un grupo de académicos encabezados por John Whitley para el Departamento de Seguridad Nacional, que calcula que 170,000 inmigrantes ilegales cruzaron la frontera con éxito sin pasar por un puerto de entrada en el 2015. Y que en la próxima década, podrían darse 1.7 millones de cruces exitosos.

“Si un muro detuviera sólo de 9 a 12% de estos cruces, se pagaría por sí mismo”, reitera, “y si un muro frenara a la mitad de los que se espera que ingresen ilegalmente sin pasar por un puerto de entrada en la frontera sur durante los próximos 10 años, ahorraría a los contribuyentes casi 64,000 millones de dólares, varias veces el costo del muro”.

Además de cruzar subrepticiamente la frontera, los extranjeros se unen a la población ilegal principalmente al quedarse más del tiempo autorizado por su visa de turista. Un muro fronterizo del sur no abordaría esta parte del flujo ilegal.

En San Diego, Trump estableció un nuevo frente de batalla. “Las políticas de los santuarios de California son ilegales e inconstitucionales y ponen en peligro la seguridad de toda nuestra nación”, publicó. “miles de extranjeros criminales peligrosos y violentos son liberados como resultado de las políticas de las ciudades santuario, (son) liberados para atacar a estadounidenses inocentes. ¡Esto debe parar!”.

EFECTOS SECUNDARIOS

RANKING. La Universidad de las Américas de Puebla divulgó el Índice Global de Impunidad México 2018. El sureste del país es de alto contraste: la entidad con el más bajo grado de impunidad es Campeche, con 45.06, mientras que Quintana Roo tiene muy alto grado de impunidad con 77.3 puntos, al igual que Yucatán con 71.6; en tanto, Tabasco fue calificada con nivel alto al contar con 69.8 puntos. El estudio hace énfasis en que la lucha contra la impunidad debería ser el elemento clave de una estrategia para combatir la violencia y la corrupción.

REFUERZOS. De la mano de ciudadanos y empresarios, Margarita Zavala recorrerá el país para recaudar los fondos que darán viabilidad a su anhelo de regresar a Los Pinos. Con un piso de 10% de las preferencias electorales, en ruta de la candidatura independiente, la ex primera dama ha integrado un war room en el que participan el coordinador general de su campaña, Fausto Barajas; su hermano, Juan Ignacio; su representante ante el INE, Fernanda Caso, y su vocero, Jorge Camacho. La estrategia de comunicación está a cargo del consultor catalán Aleix Sanmartín, cuya mano se nota con el nuevo logotipo, el nuevo eslogan y la nueva cromática. Margarita Zavala renunció al financiamiento público, pero no a los spots. En el Frente por México estarían por incorporarse dos exfoxistas: Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar Valenzuela, quienes asumirían funciones estratégicas en el equipo de la campaña de Ricardo Anaya. ¡Órale!