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El estruendo de la contienda electoral justificaría algunas iniciativas que —animadas por un “espíritu de cuerpo”— pusieron a Andrés Manuel López Obrador en la mira. Allí está, por ejemplo, el esfuerzo del Chícharo, que vía Whatsapp dispersó memes, instrucciones y mensajes antipejistas entre 25 mil operadores priistas.

Y en esa misma dirección —un tanto más sofisticada aunque sin tanto alcance— la iniciativa del empresario Santiago Kuribreña acuerpada bajo el paraguas de #MéxicoChingón que generó casi un centenar de productos comunicacionales para las redes sociales, conectó con otras plataformas (como la de EmpresariosporMeade, en la que participó Arturo Elías Ayub) y divulgó materiales de otros familiares #YoMero, como la misiva de agradecimiento escrita por una hermana de Juana Cuevas.

En las antípodas, PejeLeaks, el sitio ideado para desarropar los secretos de AMLO pero que fracasó, en parte por sus denuncias sin sustento, en parte porque ninguna de sus historias cuestionó directamente al abanderado morenista. Los hacktivistas al servicio del peñismo fallaron en la estrategia digital durante la campaña presidencial.

La creación de páginas falsas. El alquiler de servidores con criptomonedas para evitar la fiscalización del INE o el rastreo de las autoridades fiscales. Los formatos para generar fake news y alimentar la guerra sucia contra AMLO fueron intermitentes y variados. A veces disfrazadas de activismo colectivo para comprometer a los candidatos con ciertas agendas, otras veces ocultas en investigaciones y denuncias electrónicas, esas acciones nunca se vieron interrumpidas, ni siquiera cuando una parte del aparato oficialista viró hacia la exhibición de la trama inmobiliaria que habría beneficiado a Ricardo Anaya.

Y es que el antipejismo obedeció a lógicas distintas, cuando provenía de fuentes priistas, panistas o empresariales. En estos dos últimos casos, los esfuerzos habrían estado concatenados de acuerdo a la evidencia recabada por el equipo lopezobradorista, que los condujo hasta un grupo de ex voceros creelistas que se ostentan como expertos en redes sociales y ofrecen una estrategia para armar “episodios mediáticos” y narrativas ad hoc de sus clientes.

En paralelo a los debates de la Coparmex transcurrió la agenda que llevó a los escritores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín a recorrer el país para advertir de los riesgos del populismo en México, aunque eventualmente su discurso se modificó, hacia la necesidad de un voto útil que impidiera la concentración de un poder absoluto en el Ejecutivo federal. Y en medio, la súper encuesta cofinanciada por la Coparmex y la Fundación Este País, que levantaron Ipsos y Berumen.

Los morenistas no se engancharon en esta dinámica. A los emplazamientos de organizaciones como Causa en Común y Mexicanos Primero para comprometerse al cumplimiento de la agenda de las ONG, el candidato presidencial no tuvo respuestas. Y los abanderados de la coalición Juntos Haremos Historia para las nueve elecciones de gobernador tampoco accedieron a los “debates ciudadanos” convocados por el sindicato patronal.

Esa iniciativa fue la más visible por los esfuerzos logísticos y mediáticos que implicó la organización de 17 debates en el mismo número de ciudades de la República Mexicana, entre ellas Saltillo, Hermosillo, Querétaro, Morelia, La Paz, Toluca, San Luis Potosí, Reynosa y Chihuahua capital —donde se renovaron los poderes municipales—; además de los encuentros en los que intervinieron candidatos al Congreso de la Unión, en Monterrey y Mazatlán.

Otras, en espacios digitales, involucraron a influencers, moneros y locutores en posdebates y breves cápsulas informativas sobre el curso de las campañas, que a menudo terminaban en veladas escaramuzas contra el puntero de la contienda presidencial. A menudo, las imposturas afloran al amparo de la libertad de expresión, pero en esta elección a punto estuvieron de caer en la difamación. Uno de los ejemplos más oprobiosos fue la filtración de un bulo sobre los padecimientos físicos del abanderado morenista.

EFECTOS SECUNDARIOS

BAJO ASEDIO. La primera señal fue la manifestación —un centenar de personas con cartulinas recién elaboradas tras de las cuales ocultaban sus rostros— contra Luis Castro Obregón, el ex secretario particular de Elba Esther Gordillo que artificialmente ocupa la presidencia nacional de Nueva Alianza. La protesta, transmitida en vivo desde la cuenta de Facebook de René Fujiwara Montelongo, antecedió a los rumores de que una turba se plantaría a las afueras de la sede nacional del SNTE, que cerró hace dos semanas su acceso principal. Las voces que claman por las renuncias de Castro Obregón y Juan Díaz de la Torre son las mismas que pronostican la inminente liberación de la ex lideresa magisterial. El triunfo de AMLO alentaría la despeñización del sindicato y del partido turquesa. En el epicentro de esta revuelta estarían los hermanos Moreira Valdez —el ex gobernador, Humberto, y el diputado federal Carlos— junto con Rafael Ochoa Guzmán, quien al quedarse fuera de San Lázaro, buscaría quedarse con el control del sindicato. Con la administración entrante, Gordillo Morales tendría nexos con Marcelo Ebrard y Esteban Moctezuma Barragán, quien sistemáticamente se ha negado a entablar un diálogo con la actual dirigencia del sindicato magisterial. En el terreno jurídico, la ex presidenta vitalicia del SNTE sigue sin anotarse victorias.

Apenas el pasado viernes 13, los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal desecharon su queja, por infundada, contra la actuación del ministerio público federal que remitió la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/219/2013 en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el noveno tribunal colegiado de esa misma materia también han negado sus reclamaciones contra la decisión de los jueces de no admitir las pruebas de descargo ofrecidas extemporáneamente por los abogados de la quejosa.