Se insiste en descalificar la mayor investigación ministerial de la historia mexicana y en fabricar un “crimen de Estado”, con la ilusión de que López Obrador encarcele militares cuando tanto está necesitándolos.
Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice que al caso de Los 43 debe dársele otra narrativa, pues “la mal llamada verdad histórica está descartada”. Supone, dijo a Carlos Puig, que si la comisión creada ex profeso se ocupa sobre todo de la búsqueda, este mismo año podrá conocerse el paradero de los normalistas.
Jesús Murillo Karam sostuvo que los estudiantes fueron entregados por policías municipales a una banda de narcotraficantes que los asesinaron y carbonizaron sus restos en el basurero de Cocula. Esta versión fue desechada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sembrando la sospecha de que los fragmentos rescatados en la ribera del río San Juan hubieran sido plantados.
La CIDH reforzará su cooperación por medio de un Mecanismo Especial, apoyando el desarrollo de capacidades institucionales en temas como desaparición, búsqueda, investigación, atención a víctimas y “reparación integral” del daño. Arosemena confía en que se hallarán “piezas clave” del “rompecabezas” y recomendó seguir con el análisis de elementos de telefonía y balística para dar con quienes intervinieron, entre éstos efectivos militares que pudieron incurrir en comisiones o acciones penales.
Todo esto hace pensar que, lejos de ser imparcial, la comisión de la verdad trabajará en apoyo de las versiones insidiosas que insisten en responsabilizar al Ejército y la Policía Federal del tumultuario crimen.
Arosemena y Encinas parecen ignorar que, desde el punto de vista ministerial, la “verdad histórica” es sustantiva pero no conclusiva, y que desde el punto de vista legal el caso Iguala sigue abierto. De conocer el expediente, sabrían que suman casi… ¡mil 500! las acciones de búsqueda (muchas a propuesta del GIEI); que se han hecho más de mil 700 estudios periciales que comprueban que no hubo un quinto autobús; que no hay pista sólida de un destino diferente al basurero de Cocula y que no existe alguna “narrativa” más consistente que la vapuleada verdad histórica.
Si de ampliar la búsqueda se trata, como recomienda la presidenta de la CIDH, conviene recordar que los restos óseos y diversos objetos enviados en dos entregas al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria, fueron seleccionados en acuerdo entre la PGR y el equipo de forenses argentinos, pero se ha desdeñado la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que el gobierno mexicano resuelva sean estudiados al menos 19 cóndilos (huesos superiores en la articulación del maxilar), con los que muy probablemente se identifique a otros de los desaparecidos de Ayotzinapa.
Se insiste en descalificar la mayor investigación ministerial de la historia mexicana y en fabricar un “crimen de Estado”, con la ilusión de que López Obrador se aviente, sin sustento alguno, a encarcelar militares cuando tanto está necesitándolos.
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