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Tres años antes de dirigir Pemex, Emilio Lozoya cobraba ya como asesor de Odebrecht que, al contratarlo, hizo una apuesta ganadora: le permitió tener un vínculo con el nuevo Presidente y acceso libre a la dirección general de la petrolera.

Odebrecht no requería de reformas, y menos al artículo 27 constitucional, para usar a Lozoya, como lo prueba el contrato por 2 mil 686 millones de pesos que obtuvo para reconfigurar la refinería de Tula.

La reforma energética suponía menor discrecionalidad de Pemex en las decisiones y mayor competencia entre privados (nuevos órganos reguladores).

A Odebrecht no le convenía acotar al subordinado que llevaba seis años en su nómina. Tampoco promover la competencia.

Viñeta de lo mismo es el contrato multianual Etileno XXI, celebrado en el calderonato, con el hoy testigo colaborador como asesor de Odebrecht e implementado en el peñanietismo. El acuerdo dispone que Pemex entregue su gas etano con descuentos de 25 y 30 por ciento a una compañía creada ex profeso y ad hoc por Braskem (Odebrecht) e Idesa. En ésta, Javier Jiménez Spriú forma parte del Consejo de Administración y su esposa, Elisa Margarita Gutiérrez Zaldívar, es la propietaria y heredera (no fue “discrepar” de la militarización de la aduana de Veracruz la causa de su salida del gabinete presidencial). Como efecto, Pemex pierde más de mil millones de pesos anuales (y no tiene gas suficiente para abastecer a Etileno XXI), lo cual es materia de litigio internacional. Acorralada por las cláusulas contractuales, la actual dirección de Pemex apela a la cláusula anticorrupción para intentar cancelar el contrato sin las penalizaciones que aplicarían si lo hiciera unilateralmente.

¿Por qué Lozoya dispara contra los legisladores? Porque neutralizaron cuatro puntos estratégicos de su agenda personal:

a) La capacidad de Pemex de asociarse con privados para mitigar el riesgo de la exploración (Lozoya pretendía que la reforma le dejara decidir dónde y con quién, sin pasar por el Consejo de Administración y los órganos reguladores);

b) El cuarto de datos, tema en que Lozoya quería cerrar condiciones de competencia y ser él quien, con su información privilegiada, favoreciera a las compañías que quisiera (sobre todo la rusa Lukoil). Pero los legisladores resolvieron que el cuarto de datos se entregara a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que ésta, en las rondas, administrara los accesos a las interesadas;

c) Los ductos, donde legisladores y gobierno planteaban condiciones de competencia en el sector del gas (con el Centro Nacional de Control del Gas Natural como articulador autónomo), ajenas al control de Pemex, y

d) El cabotaje. Lozoya quiso se modificara el inciso V del Artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera para que la industria de transporte marítimo, en lo referente al suministro y transportación de combustibles y lubricantes, pudieran realizarlo empresas extranjeras, sin trato recíproco para las mexicanas…