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Lo que negocia Sheinbaum con Trump es que el establishment estadounidense le acepte un sistema económico parecido al de Peña Nieto, y uno político como el de Nicolás Maduro. Su gran oferta es firmar un Plan Mérida más flexible que el de Calderón.

Mientras revisa 30 peticiones de Trump (para cumplirlas a cambio de que siga fluyendo desde EU el dinero que refacciona a la 4T) Sheinbaum le ordenó a su mayoría en el Congreso firmar una ley, para que la 4T cuente los votos en todas las elecciones.

Para los 90 días de negociaciones que corren, EU exige a México restablecer (sino de ley, sí de hecho) las políticas que hasta 2018 permitían a la empresa privada la participación libre, y con seguridad jurídica en energía y telecomunicaciones.

EU también exige acceso a la información de la UIF, brazo mexicano contra delitos financieros, y acompañamiento en la lucha contra los cárteles de la droga, a los que los considera terroristas, como a la Al Qaeda de Bin Laden.

Se trata de la información financiera sobre los capos mexicanos, para desmantelar las redes criminales de alcance transnacional: su nuevo objetivo global, como fue el comunismo en el siglo pasado y, el terrorismo islamista en el arranque de este.

Sin dinero para pagar por mucho tiempo más los costosos programas sociales, a Sheinbaum le urge quitar el trámite de las elecciones supervisadas por la sociedad civil, y que los votos sean contados en Palacio Nacional. O sea, ya pagar menos por los votos.

Fue la ruta de Venezuela, tras la quiebra económica que impidió a Maduro seguir comprando votos: tomó el control del del Consejo Nacional Electoral, dando migajas a la oposición para su existencia cosmética, y tolerando que EU le dé “apoyo moral”.

Así que, en tanto negocia con EU para abrirle los sectores minero y energético, sin obstaculizar la competencia, Sheinbaum formó una comisión con siete personas de su partido, sin nadie de la oposición, para dar de baja al INE y controlar el conteo de votos.

La negociación de Sheinbaum daña a varios en la 4T, porque les quita parte de poder y de dinero: no sólo a políticos históricos del “movimiento”, que son lastre por sus ligas con el narcotráfico documentadas por EU; también al empresario de la 4T, Carlos Slim.

EU reclama quitar las trabas legales que benefician a Telmex y América Móvil, gracias a las reformas

constitucionales de López Obrador que eliminaron a los reguladores independientes y aplastaron a las grandes empresas estadounidenses, como AT&T.

Ese ajedrez juega la presidenta de México, para cumplir la gran tarea que le encomendó López Obrador:

Construir el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.