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Apenas pudo verlo luego de que asumiera como gobernador interino de Guerrero, Iñaky Blanco le informó a Rogelio Ortega que dejaría el cargo de fiscal general del estado. La petición fue rechazada, pero Iñaky estaba decidido. Se fue el miércoles. Era lo mejor para todos, dicen que decía al despedirse.

Creo que el gobierno del presidente Peña Nieto queda en deuda con este servidor público de larga foja y experiencia. Cuesta imaginar en dónde estaría hoy la investigación de la tragedia de Iguala sin el trabajo prestado por Iñaky y su equipo en las horas en que fallar era gravísimo.

Los agentes de la fiscalía se desplegaron plenamente en Iguala a partir de las nueve y media de la mañana del sábado 27. Con base en 34 declaraciones ministeriales, pudieron establecer ese mismo día la probable responsabilidad de 19 policías municipales en una primera diligencia, y de otros tres en una segunda. Quedaban identificados los 22 policías municipales que presuntamente habrían participado en los hechos hoy por todos conocidos.

En el hirviente Iguala que aún olía a desgracia, Iñaky y su equipo los habían desarmado y sometido. En la noche de ese larguísimo sábado, argumentando motivos de seguridad y apoyados por el Ejército, lograron el traslado de los 22 a Acapulco para continuar el proceso.

Mes y medio después, los 22 están presos. Lo demás es historia. En el momento en que acertar era de vida o muerte, Iñaky Blanco acertó.

En este ambiente de verdades tan volátiles, lo menos que el gobierno del presidente Peña Nieto le debe al ex fiscal es un aplauso.