La sociedad no está absuelta de responsabilidad, mucho menos los gobiernos, con singulares excepciones. Diversos estudios revelan que lo mejor del sistema de justicia es el Poder Judicial Federal y la Corte, que lo peor está en los ministerios públicos y en las policías municipales y estatales; tampoco no todas, por cierto
“Un acto de justicia permite cerrar el capítulo; un acto de venganza escribe un capítulo nuevo”
Marilyn Vos Savant
Una de las mayores insuficiencias del país ha sido el lento curso hacia la legalidad. Son muchos los esfuerzos realizados, pero la realidad ratifica un panorama lamentable. Un efecto de este rezago es la impunidad, causa de muchos otros graves problemas, como la violencia y la inseguridad, la corrupción, el precario crecimiento económico, la persistencia de una mayúscula informalidad y un largo etcétera.
Ante lo multifactorial del problema, resulta desproporcionado señalar al sistema de justicia como el responsable de una situación que es mucho más compleja y apunta a soluciones de mayor calado en las que debe ser centro de atención la sociedad. La cultura de la legalidad acusa una enorme pobreza y en la práctica, muchos han interiorizado las coartadas ilegales a manera de resolver su circunstancia.
La sociedad no está absuelta de responsabilidad, mucho menos los gobiernos, con singulares excepciones. Diversos estudios revelan que lo mejor del sistema de justicia es el Poder Judicial Federal y la Corte, que lo peor está en los ministerios públicos y en las policías municipales y estatales; tampoco no todas, por cierto.
El presidente López Obrador ha emprendido una feroz embestida contra la Suprema Corte. La confrontación es en todos los frentes, incluso buscando ahogarla financieramente por la vía del presupuesto y la inconstitucional apropiación de los fideicomisos creados para fortalecer la independencia judicial. Los fideicomisos no son entidades, son contratos que así se han constituido para asegurar auditoría, control y buen destino de los recursos allí consignados. Es preciso subrayar: los ministros de la Corte no son beneficiarios de los fideicomisos en forma alguna, sí lo son los trabajadores, y de allí la protesta de éstos.
Más allá de la polarización y el maniqueísmo con propósitos electorales, el país se debe un debate a fondo sobre la manera de fortalecer el estado de derecho. A pesar de que las propuestas de campaña debieran dar espacio a esto, en la práctica no son las mejores condiciones por el desapego a la verdad y el cinismo propio de los candidatos que privilegian objetivos electorales.
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