Habría que exigir reglas y mecanismos de aplicación que sean públicos, así como reportes periódicos de sus prácticas
Tras el asalto al Capitolio, las cuentas de Trump en las principales redes sociales fueron suspendidas indefinidamente. Esta decisión reabrió un debate global sobre la censura en estas plataformas. El presidente López Obrador se manifestó en contra de estas medidas.
El tema es complejo porque, de un lado, está la libertad de expresión y la pretendida neutralidad en las redes y, por el otro, el daño real que, a través de ellas, se puede causar a las personas, a la seguridad de un país o a la democracia misma.
Partamos de que esa neutralidad no existe. Los criterios de quienes manejan las redes obedecen a una lógica empresarial. Por lo menos en Estados Unidos no están obligadas a dar voz a todos. Allá la libertad de expresión está protegida frente al gobierno, no ante decisiones corporativas.
Aunque tienen el derecho a suspender una cuenta, la cuestión es si sirve a la democracia dejar en manos de Zuckerberg o de Dorsey la decisión de quiénes pueden usar estas vías de comunicación e información. Su enorme poder exige reconocer los riesgos de que esto quede al simple arbitrio de un puñado de empresarios.
Con todo, pienso que esas plataformas deben ser vistas como medios de comunicación, por lo que no deberían estar limitadas en sus decisiones editoriales. Pero también tendrían que sujetarse a las exigencias de los demás medios y responsabilizarse por los contenidos que manejan cuando, por ejemplo, se incita a la violencia.
Parte del problema es la falta de claridad en las decisiones editoriales de las redes. Habría que exigir reglas y mecanismos de aplicación que sean públicos, así como reportes periódicos de sus prácticas.
Pero más allá de todo, está el poder casi monopólico de las grandes plataformas digitales.
Este es el problema de fondo, pues con una competencia real, las decisiones editoriales de las distintas plataformas sin duda serían menos problemáticas.
Por su tamaño, alcance y poder, las redes no solo inciden en la forma en que las personas se comunican, sino en la información a la que están expuestas y hasta en el funcionamiento de la democracia.
Por ello, el reto mayor es de regulación antimonopólica que promueva un mercado mucho más competido en el mundo digital.
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