Y contra los acuerdos que se emiten conforme a la ley, “como contra todas las resoluciones —salvo las terminales—, procede un recurso de reclamación” ante cualquiera de las salas de la Corte…
Por primera vez en 200 años de historia republicana, el pleno de la Suprema Corte suspendió ayer su sesión en solidaridad con su planta laboral, que respalda la protesta de los aproximadamente 55 mil trabajadores y casi mil 700 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación contra la destructiva reforma constitucional que se avecina.
La insensata embestida presidencial contra ese contrapeso que veía rechinando de limpio durante la gestión de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se antoja tan personal que con frecuencia la centra en la ministra Norma Lucía Piña Hernández y ha llegado a tal grado que el mandatario, también ayer, afirmó que la señora merece ser procesada por haberle dado entrada a dos expedientes que, según él, debió rechazar.
Sin ser abogado y a pesar de tener una deplorable “consejería jurídica”, arriesgó frases tan contradictorias como éstas:
“Es como si usáramos la ley al pie de la letra, como dicen los conservadores, que ‘la ley es la ley’. Acaba de permitir la presidenta de la Suprema Corte entrada a dos expedientes que debió, en términos estrictamente legales, rechazar (…). ¿Qué procedería en este caso? Pues denunciarla y pedir juicio político…”, aventuró en la mañanera.
Su guerra contra el Poder Judicial traiciona el compromiso que asumió al recibir su constancia de legitimidad el 8 de agosto de 2018:
“Actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y soberanía de los otros poderes legalmente constituidos. Ofrezco a ustedes, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en sus resoluciones. En el nuevo gobierno el presidente no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes, ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes…”, dijo entonces.
Lo de someter a juicio a la ministra es por dos expedientes relativos a impuestos “y aun cuando debió rechazar la entrada de esos recursos, porque no proceden, de manera arbitraria no solo les da entrada, sino que uno menor, creo que de dos mil millones, se lo entrega a una ministra más decente (la plagiaria Yasmín Esquivel), y el de los 33 mil millones a un ministro que siempre ha defendido a potentados…”.
Entrevistada por Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, la ministra dio un curso exprés de Derecho sobre si debió rechazar esos recursos:
“No, porque la Constitución establece determinados supuestos para que se puedan admitir, para que procedan esos amparos directos, entre otros que se toquen temas de constitucionalidad de leyes, y esto es competencia de revisión en la Corte”, dijo.
Y contra los acuerdos que se emiten conforme a la ley, “como contra todas las resoluciones —salvo las terminales—, procede un recurso de reclamación” ante cualquiera de las salas de la Corte…
¡Ouch!
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