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Aureliano Hernández Palacios Cardel —hijo y sobrino de dos destacados abogados veracruzanos, militantes de la izquierda partidista— planteó ante los auditores estatales su mística de trabajo. “No queremos que nuestros hijos estén siempre en la idea de que tenemos que vivir en un país donde la corrupción rige nuestros actuares. Si, un México sin corrupción es posible”.

En el arranque de su periodo de ocho años, el nuevo titular de Auditoría Superior de la Federación delineó cuatro ejes de su plan de trabajo. Dos de ellos serán posibles con un ajuste al Reglamento Interno. “Si es necesario acudiremos a la plaza pública para atender las denuncias y quejas que presenten los ciudadanos”, prometió.

En materia de austeridad y eliminación de gastos superfluos, adelantó una política de homologación salarial y una reducción de sueldos para los mandos superiores, con lo que redireccionaría recursos a más trabajo en territorio.

El resto, depende de cambios legales en curso. La posibilidad de hacer denuncias penales en las áreas de Auditoría no existe actualmente. Y la creación de una área de investigación de cualquier posible acto de corrupción, tampoco. “No vamos a irnos a un proceso de auditoría tradicional, sino que vamos a actuar directamente”, anunció.

Recientemente, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar presentó una iniciativa una reforma a la Ley de Fiscalización. Las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal propuestas por el nuevo titular de la ASF permitirían que ese órgano técnico pueda suscribir convenios con las auditorías estatales de fiscalización, para ejecutar la revisión de los recursos asignados a la Federación, vía el Ramo 33.

Hernández Palacios-Cardel quiere una “cobertura completa” para fiscalizar al gasto federal. Y un esquema “integral” de auditorías. “Que podamos revisar todo y a todos”, sintetizó. “Que un solo municipio, un solo fondo, un solo peso se quede sin auditar. Que se acabe la discrecionalidad”.

A sus contrapartes estatales –acudieron 30 de los 32 auditores estatales; la de Aguascalientes es encargada de despacho del Órgano de Fiscalización y de Nuevo León no hubo representante—, Hernández Palacios-Cardel presentó a su equipo de trabajo. Casi todos, formados en la Auditoría del Gasto Federalizado. Del equipo del exauditor Colmenares Páramo, solo queda Víctor Manuel Andrade Martínez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

Carlos Humberto Toledo Zaragoza, exsecretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de Chiapas, sería el enlace con el sistema de inteligencia de la Federación; mientras que David Isaac Ortiz Calzada quedaría al frente de la nueva secretaría general.

Efectos secundarios

¿AMAÑADOS? La contratación de las pólizas de seguros que licitó el gobierno del Estado de México, además de tortuosa, muy sospechosa, por los candados impuestos por la Oficialía Mayor. La mayoría de las compañías interesadas en el servicio de seguros de vida, presentaron propuestas que fueron duplicadas por Seguros Argos (91 millones de pesos); en el caso de la póliza de Daños, solo BX+ no fue descalificada. ¿Candados a modo? ¿Será que la Gobernadora este enterada de estas acciones de su nueva oficial mayor? ¿Y el secretario de Finanzas, Óscar Flores? Distraído, en su posicionamiento por la candidatura morenista en Tlaxcala.