En el supuesto propartido de Elba Esther Gordillo, su yerno y su nieto, René Fujiwara Montelongo, son minoría en los órganos directivos de las RSP, pero desde hace tres buscan aliados en las directivas estatales
Amigos en su juventud y ahora enemigos políticos, José Fernando González Sánchez y Juan Iván Peña Neder pelean por la dirigencia nacional de las Redes Sociales Progresistas a nombre de sus familias, pero en el camino han puesto en riesgo la constitución de un nuevo partido político con registro nacional —la idea original—, aliado del régimen lopezobradorista.
Antes de que concluya este mes, por mandato del INE, tendrán que definir la integración de su consejo directivo, su representación legal ante la autoridad electoral y un calendario para la celebración de las siete asambleas faltantes, para que esa asociación civil cumpla con uno de los requisitos para obtener el registro (20 reuniones estatales, en las que participen al menos 3,000 afiliados). El otro —el respaldo de 233,945 ciudadanos— fue rebasado, hace dos meses.
Desde entonces, nada camina dentro de la organización. Primero, por las controversias internas y enseguida, por la dilación del INE. El pasado viernes 25, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados, notificó a González Sánchez y Peña Neder que en tanto no aclaren la representación legal de la asociación, la integración legal de su Consejo Directivo “y cualquier otro asunto que involucre al INE”, queda suspendido cualquier trámite sobre las asambleas.
El ultimátum —72 horas, a partir de la notificación— expira el próximo miércoles 30. Pero entre el 11 y el 22 de octubre, la autoridad electoral atendió más de una veintena de oficios, remitidos por ambas partes, que hicieron colapsar el proceso de registro.
González Sánchez fue reconocido por Ballados como representante legal de las RSP, pero Peña Neder ya había requerido a la DEPPP cambiar las contraseñas y los correos electrónicos habilitados en el SIRPP. Anteriormente ya había solicitado la cancelación de asambleas programadas en Sonora y Chihuahua, convocadas por el delegado regional, Gerardo Vargas Landeros.
En el supuesto propartido de Elba Esther Gordillo, su yerno y su nieto, René Fujiwara Montelongo, son minoría en los órganos directivos de las RSP, pero desde hace tres buscan aliados en las directivas estatales.
El tiempo apremia y González Sánchez quiso tomar la delantera y notificó al INE las fechas de nueve asambleas estatales, convocadas entre el 9 de noviembre y el 8 de diciembre, inclusive. Esa instancia del INE envía personal para verificar sobre el evento.
El 14 de diciembre, según ese calendario, están convocados los delegados para el Primer Congreso Nacional de las RSP, donde se ratificaría al yerno de la exlideresa vitalicia del SNTE como líder de la organización.
Desde el pasado 15 de octubre, el yerno de Elba Esther Gordillo Morales —“en ejercicio de las facultades conferidos en los estatutos— expidió nombramientos a los coordinadores estatales de las RSP leales a su causa. Entre ellos destaca Jaén Castilla Jonguitud, nieto del exlíder vitalicio del SNTE, Carlos Jonguitud Barrios, quien tendría el liderazgo en San Luis Potosí, entidad en la que Peña Neder y el tesorero nacional de la AC, José Jerónimo Esquinca Cárcamo, han realizado trabajo político desde hace dos décadas.
En Nuevo León —otro de los bastiones de Peña Neder—, las “bases reales” de las RSP salieron a las calles para quejarse del despojo de González Sánchez y bloquearon la sede estatal del INE. A su juicio, el operador elbista incurrió en usurpación de funciones y fraude, pues su designación como sucesor de Peña Neder no fue acorde con el procedimiento contemplado en los estatutos.
Una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de las RSP, celebrada el pasado 2 de octubre, fue el origen formal de la disputa. En aquella sesión, con el voto a favor de Esquinca Cano y Gonzalo Rafael Ortiz Cárcamo, ocurrió el relevo.
En respuesta, Peña Neder convocó a los ocho fundadores de la asociación civil y obtuvo su respaldo… incluido Ortiz Cárcamo —extesorero de la Asociación de Sobrecargos de Aviación—, cuya firma en la revocación del presidente fundador sería falsa.
Los elbistas, empero, sostienen que cuentan con la evidencia notarial y videos que comprueban que no fue coercionado para suscribir el documento.
RSP nació el 28 de diciembre del 2018 como asociación civil, con ocho integrantes: Juan Iván Peña Neder, presidente; José Fernando González Sánchez, vicepresidente; José Jerónimo Esquinca Cano, secretario, y Gonzalo Rafael Ortiz Cárcamo, tesorero. El resto de los asociados fundadores son la diputada capitalina Lizette Clavel Sánchez; Erika Natalia Carpizo Sandoval, abogada especializada en criminalística; Mauricio Moncada Santoyo, líder de las RSP en Nuevo Léon, y el político mexiquense Jorge Izquierdo Bustamante.
Peña Neder demandó a González Sánchez por despojo, falsificación de firma y usurpación de funciones. Éste, a su vez, acudió a PGJ de la CDMX para interponer una denuncia en la fiscalía desconcentrada de investigación radicada en la alcaldía de Coyoacán. Un oficio expedido el pasado viernes 18 apercibía al destituido presidente fundador de las RSP de celebrar la asamblea extraordinaria a la que había convocado, para el lunes 21.
El 23 de octubre, José Jerónimo Esquinca Cano presentó documento suscrito por agente de MP en el que se determina la aplicación de la medida de protección que limita a Juan Iván Peña Neder para acudir al domicilio señalado por la organización y se le solicita se abstenga de realizar la asamblea prevista para el 21 de octubre.
EFECTOS SECUNDARIOS
ALZAMIENTOS. La batalla por el presupuesto 2020 apenas va en los preliminares. Las discrepancias entre los líderes de San Lázaro y la Cámara Alta por los impuestos y el cobro de derechos van a recrudecerse por la injerencia de alcaldes y gobernadores. Entre estos últimos comienza a gestarse un movimiento para evitar que el Fondo Minero —una bolsa de 4,000 millones de pesos— no termine en las arcas de la SEP. Durante el pasado fin de semana, en la 33 Convención Internacional de la Minería que se realizó en Acapulco, los gobernadores Héctor Astudillo, de Guerrero; José Rosas Aispuro, de Durango; Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas, y Javier Corral, de Chihuahua, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que esos recursos sean para el beneficio de las comunidades. El Ejecutivo federal propuso que 85% del Fondo Minero —que proviene de un pago de 7.5 por ciento sobre las utilidades de las empresas del ramo— se canalizara a la construcción de infraestructura educativa, 10% a la Secretaría de Hacienda y el resto, a la Secretaría de Economía para el impulso de proyectos mineros. Entre el 2014, que se creó y el 2018, el Fondo Minero distribuyó 18,000 millones de pesos. La banca de Morena en el Senado ratificó el viernes pasado que no habrá cambios en su propuesta respecto al fondo. Los gobernadores mencionados, más Claudia Pavlovich, mandataria de Sonora, enviaron una carta a López Obrador, en la que hacen saber su descontento. Casi desde que se presentó el presupuesto para el 2020, Javier Corral presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para que el Fondo Minero retome su objetivo de contribuir al apoyo de municipios mineros.
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